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Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia

Ficha:
  • �rganoJEFATURA DEL ESTADO
  • Publicado en BOE n�m. 164 de 10 de Julio de 2021
  • Vigencia desde 11 de Julio de 2021
Versiones/revisiones:

Sumario

FELIPE VI REY DE ESPA�A

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

EXPOSICI�N DE MOTIVOS

I

El trabajo a distancia, entendido como trabajo que se realiza fuera de los establecimientos y centros habituales de la empresa y del que el teletrabajo es una subespecie que implica la prestaci�n de servicios con nuevas tecnolog�as, ha sido objeto de regulaci�n tanto en el �mbito interno como en el �mbito comunitario e internacional.

En el �mbito comunitario, la Confederaci�n Europea de Sindicatos (CES), la Uni�n de Confederaciones de la Industria y de Empresarios de Europa (UNICE), la Uni�n Europea del Artesanado y de la Peque�a y Mediana Empresa (UNICE/UEAPME) y el Centro Europeo de la Empresa P�blica (CEEP), firmaron, ya en el a�o 2002, el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, suscrito por los interlocutores sociales europeos en julio de 2002 y revisado en 2009, a fin de dar m�s seguridad a los teletrabajadores y las teletrabajadoras por cuenta ajena en la UE. Este Acuerdo entendi� esta modalidad del trabajo a distancia como un medio para modernizar la organizaci�n del trabajo para las empresas y organizaciones de servicios p�blicos, y para dar una mayor autonom�a en la realizaci�n de sus tareas a las personas trabajadoras.

El objeto del Acuerdo era elaborar un marco general a escala europea sobre las condiciones laborales de teletrabajadoras y teletrabajadores y compaginar las necesidades de flexibilidad y seguridad que son comunes a estos y a las empresas. El Acuerdo otorga a las personas trabajadoras a distancia la misma protecci�n global que a las que ejercen sus actividades en los locales de la empresa.

En dicho Acuerdo se define el teletrabajo como una forma de organizaci�n o de realizaci�n del trabajo utilizando las tecnolog�as de la informaci�n, en el marco de un contrato o de una relaci�n laboral, en la que un trabajo que tambi�n habr�a podido realizarse en los locales de la empresa, se ejecuta habitualmente fuera de estos.

En el Acuerdo se resaltan varios �mbitos clave, en los que es preciso tener en cuenta las peculiaridades del teletrabajo. En particular, este acuerdo se refiere especialmente al car�cter voluntario del teletrabajo; la igualdad de derechos de las personas teletrabajadoras en relaci�n a las que desarrollan su actividad en el establecimiento de la empresa, con una menci�n expresa a su derecho a la formaci�n y la carrera profesional, o al pleno ejercicio de sus derechos colectivos; la dotaci�n de equipos; la seguridad y la salud, especificando la aplicaci�n �ntegra de la normativa europea sobre la materia y la responsabilidad empresarial correspondiente; y la gesti�n de la organizaci�n del trabajo por parte de la persona teletrabajadora, en el marco de la legislaci�n y convenios colectivos aplicables.

Asimismo, la Organizaci�n Internacional del Trabajo regul�, en su Convenio n.o 177 y en la Recomendaci�n n.o 184, el trabajo a domicilio, entendiendo que esta modalidad se produce cuando se realiza la actividad laboral en el domicilio de la persona trabajadora o en otro local que esta escoja, distinto de los locales de trabajo de la empresa, a cambio de una remuneraci�n y con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones de la misma.

En el �mbito de la normativa interna espa�ola, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, modific� la ordenaci�n del tradicional trabajo a domicilio para dar acogida al trabajo a distancia basado en el uso intensivo de las nuevas tecnolog�as. La exposici�n de motivos de dicha ley reconoc�a el teletrabajo como una particular forma de organizaci�n del trabajo que encaja perfectamente en el modelo productivo y econ�mico, al favorecer la flexibilidad de las empresas en la organizaci�n del trabajo, incrementar las oportunidades de empleo y optimizar la relaci�n entre tiempo de trabajo y vida personal y familiar. De acuerdo con esta modificaci�n, el trabajo a distancia est� definido en el art�culo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, como aquel en que �la prestaci�n de la actividad laboral se realice de manera preponderante en el domicilio del trabajador o en el lugar libremente elegido por este de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa�.

Adem�s, el trabajo a distancia es fundamental para favorecer el asentamiento y la fijaci�n de poblaci�n en el medio rural, tal y como se se�ala en las Directrices Generales de la Estrategia Nacional frente al Reto Demogr�fico, aprobadas por Consejo de Ministros el 29 de marzo de 2019. Esta norma ha de servir para hacer factible la oportunidad de revertir la despoblaci�n, de acuerdo con las caracter�sticas de los territorios que sufren el declive demogr�fico, como zonas rurales y remotas, o peque�os municipios.

El art�culo 13 del Estatuto de los Trabajadores resulta insuficiente para aplicarlo a las peculiaridades del teletrabajo, que requiere no solo de una prestaci�n laboral que se desarrolle preferentemente fuera de los locales de la empresa, sino tambi�n de un uso intensivo de las nuevas tecnolog�as inform�ticas y de la comunicaci�n.

Por su parte, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garant�a de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupaci�n, modific� el art�culo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, anticip�ndose al contenido de la Directiva 2019/1158 (UE) del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliaci�n de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores y por la que se deroga la Directiva UE 2010/18 del Consejo, en la cual se establece un aut�ntico derecho a la conciliaci�n de la vida laboral y familiar a trav�s del uso de las formas flexibles de trabajo, incluidas la f�rmulas de trabajo a distancia.

En la Ley Org�nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci�n de Datos Personales y garant�a de los derechos digitales, se establecen por primera vez de manera expresa, y recogiendo la jurisprudencia nacional, comunitaria e internacional, un conjunto de derechos relacionados con el uso de dispositivos en el �mbito laboral como son, entre otros, el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el �mbito laboral y el derecho a la desconexi�n digital.

El art�culo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econ�mico y social del COVID-19, establece el car�cter preferente del trabajo a distancia frente a otras medidas en relaci�n con el empleo, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es t�cnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptaci�n necesario resulta proporcionado, trat�ndose de una norma excepcional y de vigencia limitada.

II

La expansi�n de la pandemia y las necesarias medidas de contenci�n han alterado de forma abrupta la evoluci�n econ�mica global, con ca�das pronunciadas en la actividad y en el empleo. Aun cuando la pandemia remita, se prev� una ca�da acusada del Producto Interior Bruto (PIB), dependiendo las tasas de crecimiento y las posibilidades de recuperaci�n de la propia evoluci�n de la pandemia y la eventualidad de los rebrotes.

El PIB de la econom�a espa�ola ha sufrido la mayor contracci�n intertrimestral de su historia, siendo el impacto de esta crisis especialmente acusado sobre el empleo, con una fuerte reducci�n de las afiliaciones a la Seguridad Social y una utilizaci�n masiva de los expedientes temporales de regulaci�n de empleo.

Pero adem�s de lo anterior, la mayor parte del ajuste est� recayendo sobre el colectivo de las personas con contrato temporal, y dentro de estas, sobre las trabajadoras y trabajadores j�venes.

La incidencia tanto geogr�fica como sectorial ha sido muy heterog�nea, siendo m�s negativa en los servicios que en las manufacturas, siendo un dato estable en el tiempo que en estos sectores o las denominadas �industrias sociales�, mujeres y menores de 35 a�os est�n sobrerrepresentados, alcanzado porcentajes que superan el cuarenta por cierto.

Desde primeros de mayo del a�o 2020, en un contexto de mayor control de la pandemia, la implementaci�n progresiva del Plan de Desescalada se ha traducido en una reactivaci�n gradual de la econom�a, y todas las proyecciones apuntan a una contracci�n muy acusada en el a�o 2020, seguida de un repunte sustancial en el a�o 2021.

En todo caso, se mantiene una elevada incertidumbre que depende de la evoluci�n de la pandemia y el ritmo al que la actividad recupere cierta normalidad, el da�o que pueda haberse producido en el tejido productivo y el potencial de crecimiento.

En suma, a los retos que ya se planteaban en el �mbito laboral espa�ol (tasas de temporalidad, riesgo de pobreza salarial, precariedad laboral y una fuerte segmentaci�n), se suman nuevos desaf�os que obligan a afrontar los cambios post-COVID-19 en los procesos de globalizaci�n y digitalizaci�n, y el uso de f�rmulas eficaces de incremento de productividad que aumenten la calidad en el empleo y reduzcan la existencia de brechas salariales y profesionales.

De otro lado, la crisis sanitaria ha hecho que el trabajo a distancia se mostrara como el mecanismo m�s eficaz para asegurar el mantenimiento de la actividad durante la pandemia y para garantizar la prevenci�n frente al contagio. Durante la crisis sanitaria no solo se ha reforzado la tendencia a la normalizaci�n del trabajo a distancia que ya se anticipaba con anterioridad a la misma, sino que incluso su utilizaci�n se ha llegado a configurar como preferente.

En algunos pa�ses las cifras reflejan claramente esta preferencia de uso: por ejemplo, en Finlandia durante la pandemia el uso del teletrabajo alcanz� el sesenta por ciento. Asimismo, en pa�ses como Francia, Portugal o Italia, el uso del trabajo a distancia se configur� con cierto grado de obligatoriedad o de preferencia frente a otras formas de actuaci�n empresarial durante la pandemia. Seg�n la encuesta de Eurofound �Living, working and COVID-19�, casi cuatro de cada diez personas trabajadoras (un treinta y siete por ciento) empezaron a teletrabajar a causa de la pandemia (un treinta por ciento en Espa�a). Esto ha contribuido a que el n�mero de horas trabajadas haya disminuido menos en aquellos pa�ses en que el teletrabajo ha aumentado en mayor proporci�n. De forma similar, en una encuesta a PYMES realizada por CEPYME, se asume el teletrabajo como la medida estrella para afrontar la crisis del coronavirus, en un cuarenta y seis por ciento de los casos.

En suma, las tecnolog�as de la comunicaci�n han constituido una herramienta clave para reducir el impacto de las medidas de contenci�n y restricciones a la actividad productiva, lo cual favorece a personas trabajadoras y empresas, hace posible empresas eficientes y con una alta especializaci�n, permite la aceleraci�n econ�mica de las zonas rurales e incrementa las posibilidades de empleo.

La situaci�n descrita de contracci�n del PIB, la tasa de desempleo, la incertidumbre acerca de la evoluci�n de la pandemia, la retroalimentaci�n de estos factores de incertidumbre sobre los riesgos y debilidades estructurales del mercado de trabajo espa�ol, la salvaguarda de los derechos y obligaciones referidos en nuestro ordenamiento laboral, hacen necesario potenciar de una manera ordenada, urgente y con garant�as el uso del trabajo a distancia.

III

El trabajo a distancia, en su concepci�n cl�sica de trabajo a domicilio, como aquel que se realiza fuera del centro de trabajo habitual y sin el control directo por parte de la empresa y vinculado a sectores y �mbitos geogr�ficos muy concretos, se ha visto superado por la realidad de un nuevo marco de relaciones y un impacto severo de las nuevas tecnolog�as.

En la actualidad, m�s que trabajo a domicilio lo que existe es un trabajo remoto y flexible, que permite que el trabajo se realice en nuevos entornos que no requieren la presencia de la persona trabajadora en el centro de trabajo.

Esta virtualizaci�n de las relaciones laborales desvincula o deslocaliza a la persona trabajadora de un lugar y un tiempo concretos, lo que sin duda trae consigo notables ventajas, entre otras, mayor flexibilidad en la gesti�n de los tiempos de trabajo y los descansos; mayores posibilidades, en algunos casos, de una autoorganizaci�n, con consecuencias positivas, en estos supuestos, para la conciliaci�n de la vida personal, familiar y laboral; reducci�n de costes en las oficinas y ahorro de costes en los desplazamientos; productividad y racionalizaci�n de horarios; fijaci�n de poblaci�n en el territorio, especialmente en las �reas rurales; compromiso y experiencia de la persona empleada; atracci�n y retenci�n de talento o reducci�n del absentismo.

La figura del teletrabajo como forma de trabajo a distancia est� cogiendo auge frente a la organizaci�n empresarial tradicional, lo que sin duda trae consigo pr�cticas novedosas y m�s flexibles, estimula cambios organizativos en las empresas y fortalece la formaci�n y empleabilidad de las personas trabajadoras. Asimismo, disminuye la contaminaci�n en tanto decrece el n�mero de desplazamientos y el uso de los veh�culos privados y, potencialmente, tendr� efectos positivos en la emisi�n de gases con efectos invernadero al procurar una mayor eficiencia en el consumo de energ�a de las empresas.

Sin embargo, tambi�n presenta posibles inconvenientes: protecci�n de datos, brechas de seguridad, tecnoestr�s, horario continuo, fatiga inform�tica, conectividad digital permanente, mayor aislamiento laboral, p�rdida de la identidad corporativa, deficiencias en el intercambio de informaci�n entre las personas que trabajan presencialmente y aquellas que lo hacen de manera exclusiva a distancia, dificultades asociadas a la falta de servicios b�sicos en el territorio, como la conectividad digital o servicios para la conciliaci�n laboral y familiar, o traslado a la persona trabajadora de costes de la actividad productiva sin compensaci�n alguna, entre otros.

El teletrabajo se ha instalado en nuestro pa�s como respuesta a las restricciones y medidas de contenci�n de la pandemia a�n vigentes, en un contexto legal caracterizado por la casi total ausencia de regulaci�n espec�fica. La generalizaci�n del teletrabajo en Espa�a, que trae su causa en las medidas adoptadas por las autoridades competentes para contener y frenar la expansi�n de la pandemia, se ha traducido en una suerte de desequilibrio de derechos y obligaciones entre empresas y personas trabajadoras, cuando menos. Se requiere de una norma que ayude a las partes empresarial y trabajadora a trasladar el car�cter tuitivo del derecho del trabajo a la nueva realidad que se ha visto acelerada exponencialmente, como consecuencia de circunstancias ex�genas e imprevisibles para los sindicatos, las patronales, las empresas, las personas trabajadoras y para el propio Gobierno.

En definitiva, la extensi�n y normalizaci�n del trabajo a distancia sin un marco legal suficiente que permita establecer las certezas y garant�as necesarias puede distorsionar el marco de las relaciones laborales, y afecta a condiciones que se incorporan como esenciales de acuerdo con nuestro marco constitucional y legislativo (art�culo 35 de la Constituci�n Espa�ola y el Estatuto de los Trabajadores) y el acervo de normas internacionales, comunitarias y nacionales que integran �un suelo social m�nimo� (entre otras, la Recomendaci�n (UE) 2017/761 de la Comisi�n, de 26 de abril de 2017, sobre el pilar europeo de derechos sociales, cap�tulo II, la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003 relativa a determinados aspectos de la ordenaci�n del tiempo de trabajo, la Carta Social Europea, hecha en Tur�n de 18 de octubre de 1961, ratificada por Instrumento de 29 de abril de 1980, la Ley Org�nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci�n de Datos Personales y garant�a de los derechos digitales, la Directiva Marco 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicaci�n de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo y el propio texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores).

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el Gobierno dict� el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, que tras ser convalidado por el Congreso de los Diputados ha sido tramitado como proyecto de ley.

IV

El objetivo es proporcionar una regulaci�n suficiente, transversal e integrada en una norma sustantiva �nica que d� respuestas a diversas necesidades, equilibrando el uso de estas nuevas formas de prestaci�n de trabajo por cuenta ajena y las ventajas que suponen para empresas y personas trabajadoras, de un lado, y un marco de derechos que satisfagan, entre otros, los principios sobre su car�cter voluntario y reversible, el principio de igualdad de trato en las condiciones profesionales, en especial la retribuci�n incluida la compensaci�n de gastos, la promoci�n y la formaci�n profesional, el ejercicio de derechos colectivos, los tiempos m�ximos de trabajo y los tiempos m�nimos de descanso, la igualdad de oportunidades en el territorio, la distribuci�n flexible del tiempo de trabajo, as� como los aspectos preventivos relacionados b�sicamente con la fatiga f�sica y mental, el uso de pantallas de visualizaci�n de datos y los riesgos de aislamiento.

Es necesario, por tanto, llenar el vac�o normativo que existe, igualando el tratamiento jur�dico en los aspectos m�s importantes de esta forma de organizaci�n del trabajo, acudiendo en la medida necesaria a la negociaci�n colectiva, que se considera instrumento imprescindible para completar la normativa aplicable en cada uno de los sectores espec�ficos, estableciendo criterios propios.

Esta norma es, adem�s, fruto de la concertaci�n social, de un dilatado proceso de reflexi�n y debate compartidos que, tras m�s de tres meses, ha conseguido culminar en el Acuerdo de Trabajo a Distancia (ATD), que asegura el justo equilibrio de la regulaci�n del trabajo a distancia y, que, sin duda, determinar� su perdurabilidad en el tiempo, como sucede con todos aquellos cambios que afectan al �mbito laboral y vienen de la mano del consenso.

Esta regulaci�n b�sica, que se entiende necesaria con un alcance general cualquiera que sea el sector profesional, desarrolla, como ejes de la misma, tres aspectos m�nimos, que ya aparecen recogidos en el citado Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, en el acervo comunitario –entre otras, directivas sobre condiciones m�nimas de seguridad y salud, sobre tiempo de trabajo y previsibilidad y transparencia en las condiciones de trabajo– o en el ordenamiento estatutario que es el marco personal y material en el que se desarrolla.

En primer lugar, su definici�n, que supera el concepto del art�culo 13 del Estatuto de los Trabajadores e introduce los ingredientes necesarios de especificaci�n.

Lo relevante a los efectos de prever una mayor protecci�n es el car�cter regular de esta forma de prestaci�n, garantiz�ndose la necesaria flexibilidad en su uso, que se acomodar� a las distintas circunstancias e intereses concurrentes de empresas y personas trabajadoras, huyendo de cualquier concepci�n r�gida, pero proporcionando la necesaria seguridad jur�dica, resultando de aplicaci�n a toda forma de trabajo en la que concurran las condiciones previstas en el art�culo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.

En segundo lugar, su car�cter voluntario para la persona trabajadora y la empresa, debiendo adoptarse mediante un acuerdo por escrito que deber� recoger todas las informaciones escritas pertinentes, incluidas las especificidades que derivan del trabajo a distancia y que permiten garantizar con claridad y transparencia el contenido de sus elementos esenciales, m�s all� de que puedan deducirse de la normativa laboral de car�cter general.

De esta manera, esta modalidad de organizaci�n o prestaci�n de la actividad laboral no resulta de los poderes de direcci�n y organizaci�n empresariales, ni de la figura de la modificaci�n sustancial de condiciones de trabajo –art�culo 41 del Estatuto de los Trabajadores– sino que es una opci�n voluntaria para ambas partes.

La norma establece ciertas limitaciones en relaci�n con supuestos concretos, como los menores y los contratos formativos. En el primer caso, la vulnerabilidad, las necesidades de formaci�n y descanso y la especial susceptibilidad a los riesgos vinculados con esta forma espec�fica de organizaci�n (fatiga f�sica y mental, aislamiento, problemas de seguridad y de acoso en el trabajo) aconsejan que en dicho colectivo, de acuerdo con las exigencias de la normativa existente, art�culos 6.2 del Estatuto de los Trabajadores y 27 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de Riesgos Laborales, se establezcan limitaciones que garanticen un m�nimo de tiempo de presencia en los mencionados acuerdos de trabajo a distancia.

Respecto de los contratos formativos, igual que ocurre en relaci�n con otros aspectos e incidencias de su r�gimen jur�dico, exigen las cautelas y limitaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de su objeto, ya sea la pr�ctica profesional adecuada al nivel de estudios cursado, ya la obtenci�n de una cualificaci�n profesional, bajo la adecuada y suficiente supervisi�n de la empresa.

En tercer lugar, y en lo que respecta a sus condiciones de trabajo, las personas que desarrollan trabajo a distancia se beneficiar�n de los mismos derechos que los garantizados por la legislaci�n y los convenios colectivos aplicables a las personas comparables que trabajen o, de existir, trabajasen, en los locales de la empresa, sin que dicha modalidad de organizaci�n suponga cambio alguno en el estatus jur�dico de la persona trabajadora, ni constituya causa justificativa por s� misma para modificar las condiciones laborales ni para extinguir la relaci�n de trabajo. No obstante, teniendo en cuenta las peculiaridades del trabajo a distancia, se recogen aspectos complementarios, que resultan necesarios precisamente para garantizar que se mantiene el mismo nivel de protecci�n.

As�, elementos como la entrega e instalaci�n de equipos y medios necesarios para el desarrollo del trabajo a distancia, los costes asociados a su uso y mantenimiento, el ejercicio de acciones formativas adecuadas y espec�ficas, la identidad de acceso, de trato y conocimiento puntual en las oportunidades de promoci�n profesional, la instalaci�n de medios de control y vigilancia, la correcta aplicaci�n de las medidas de seguridad y salud, las limitaciones al acceso del lugar de trabajo cuando coincide con el domicilio de la persona trabajadora, la organizaci�n del tiempo de trabajo, incluidas la flexibilidad, los periodos de disponibilidad y el adecuado registro, la vinculaci�n necesaria a un centro de trabajo, etc., son condiciones esenciales que deben figurar de manera expresa sin perjuicio de la legislaci�n estatutaria y de los convenios colectivos aplicables.

En este apartado ocupan un lugar destacado los derechos de las personas trabajadoras relacionadas con el derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales en el �mbito laboral, protecci�n de datos y derecho a la desconexi�n digital de acuerdo con lo previsto en la Ley Org�nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci�n de Datos Personales y garant�a de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protecci�n de las personas f�sicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulaci�n de estos datos.

Asimismo, se entiende necesario establecer en la medida precisa las facultades de control y organizaci�n que corresponden a la empresa, para garantizar un uso y conservaci�n adecuados de los equipamientos entregados, las limitaciones de uso personal de los equipos y conexiones, el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales y las instrucciones necesarias para preservar a la empresa frente a posibles brechas de seguridad.

Existe, adem�s, entre otros aspectos destacables, una marcada atenci�n al necesario papel de la negociaci�n colectiva en el �mbito del trabajo a distancia, con llamadas expresas a la hora de definir las tareas y actividades susceptibles de trabajo a distancia, los criterios de preferencia en el acceso a esta modalidad, el ejercicio de la reversibilidad, los distintos derechos de contenido econ�mico asociados a esta forma de prestaci�n y organizaci�n, el contenido del acuerdo e incluso los porcentajes de trabajo a distancia a los efectos de definir en sectores profesionales espec�ficos lo que se considera trabajo a distancia regular.

V

Por otra parte, se introduce a trav�s de esta Ley una reforma imprescindible y es que la puesta en marcha de los procedimientos de reconocimiento de la prestaci�n no contributiva de Ingreso M�nimo Vital, regulada en el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso m�nimo vital, ha hecho evidente la necesidad de modificar con urgencia algunos de sus preceptos con la finalidad de dar cobertura al mayor n�mero de personas en el menor tiempo posible.

As�, se llevan a cabo mejoras en la redacci�n del texto que han de repercutir positivamente en agilizar el acceso a la misma, aumentando las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social para llevar a cabo el reconocimiento de oficio de la prestaci�n econ�mica transitoria de ingreso m�nimo vital, o habilitando la base de coordinaci�n padronal del INE para la confirmaci�n de las solicitudes cuando coincidan los datos aportados por el solicitante de la prestaci�n. En esta misma l�nea, el certificado de empadronamiento no requerir� el consentimiento de las personas empadronadas en el mismo domicilio que el solicitante, al tiempo que se contempla una fase previa de admisi�n vinculada exclusivamente a la situaci�n de vulnerabilidad econ�mica. Y menci�n especial merece la supresi�n de ser demandante de empleo, que pasa a configurarse como una obligaci�n de los beneficiarios sin perjuicio de la previsi�n de excepciones.

Por otro lado, ante la complejidad en la tramitaci�n de la prestaci�n, y en aras de garantizar el acceso a la protecci�n, se modifica la disposici�n transitoria segunda para ampliar el periodo de efecto retroactivo all� previsto. As�, las solicitudes que se hubieran presentado antes del 1 de enero de 2021 ver�n, en su caso, reconocida la prestaci�n con efectos del 1 de junio del 2020.

En el actual escenario de contenci�n y prevenci�n del COVID-19 tan urgente y necesario es atajar la epidemia y evitar su propagaci�n para proteger la salud p�blica, como tambi�n lo es adoptar medidas de contenido econ�mico y social para afrontar sus consecuencias en la ciudadan�a, en particular, en los colectivos m�s vulnerables. En esta l�nea de razonamiento, se considera imprescindible introducir el conjunto de modificaciones de la regulaci�n del ingreso m�nimo vital que esta norma contiene con el fin de reforzar la agilidad del procedimiento a trav�s del cual se reconoce esta prestaci�n, reforzar la seguridad jur�dica y corregir las disfuncionalidades detectadas en los meses de vigencia, logrando as� que las personas y unidades de convivencia en situaci�n de vulnerabilidad econ�mica puedan acceder a la prestaci�n cuanto antes.

VI

La presente Ley se estructura en cuatro cap�tulos, veintid�s art�culos, ocho disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias y catorce disposiciones finales, acompa��ndose de un anexo.

La totalidad de los cap�tulos de la norma, as� como las disposiciones adicionales primera y segunda, las disposiciones transitorias primera y tercera, y las disposiciones finales primera, apartado uno, segunda y tercera provienen del Acuerdo sobre Trabajo a Distancia.

En el cap�tulo I, dedicado a las disposiciones generales, se establece el �mbito personal de aplicaci�n, incluyendo toda forma de trabajo en la que concurran las condiciones previstas en el art�culo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, las definiciones de trabajo a distancia, teletrabajo y trabajo presencial a los efectos de esta ley, limitaciones, as� como los principios de igualdad de trato y oportunidades y no discriminaci�n, recogiendo aspectos concretos para hacer efectivo estos principios, teniendo en cuenta las especificidades que puede conllevar el trabajo a distancia en las condiciones de trabajo.

El cap�tulo II se ocupa del acuerdo de trabajo a distancia, de las obligaciones formales vinculadas al mismo, subrayando su car�cter voluntario para ambas partes, la adopci�n expresa de un acuerdo escrito con un contenido m�nimo, ya de manera inicial o ya sobrevenida, la no afectaci�n al estatus laboral de la persona trabajadora, el ejercicio de la reversibilidad, el car�cter acordado de las modificaciones del acuerdo y la ordenaci�n de las prioridades de acceso, as� como la remisi�n a la negociaci�n colectiva en el procedimiento y criterios que deben de seguirse, debi�ndose evitar la perpetuaci�n de roles de g�nero y fomentando la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

En el cap�tulo III se desarrolla la igualdad de derechos proclamada en el cap�tulo I, mediante la menci�n de las especiales precauciones a tener en cuenta respecto de los derechos laborales, cuando sean predicables en relaci�n con las personas que llevan a cabo trabajo a distancia, estructur�ndose en torno a las siguientes secciones: derechos vinculados a la carrera profesional, derechos relativos a la dotaci�n y mantenimiento de medios y al abono y compensaci�n de gastos, derechos con repercusi�n en el tiempo de trabajo, derecho a la prevenci�n de riesgos laborales, derechos relacionados con el uso de medios digitales y los derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia.

El cap�tulo IV se refiere de manera espec�fica a las facultades de organizaci�n, direcci�n y control empresarial en el trabajo a distancia, incluyendo la protecci�n de datos y seguridad de la informaci�n, el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales y las instrucciones necesarias para preservar a la empresa frente a posibles brechas de seguridad.

Las disposiciones adicionales primera y segunda provienen del Acuerdo sobre Trabajo a Distancia; se refieren de manera respectiva al trabajo a distancia en la negociaci�n colectiva y a la regulaci�n del trabajo a distancia para el personal laboral al servicio de las Administraciones P�blicas.

La disposici�n adicional tercera establece el domicilio de referencia a determinados efectos en el trabajo a distancia.

La disposici�n adicional cuarta confiere la consideraci�n como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo a las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma.

La disposici�n adicional quinta se refiere a los convenios de colaboraci�n entre las entidades gestoras de la Seguridad Social, las comunidades aut�nomas y el Instituto Nacional de Gesti�n Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal.

La disposici�n adicional sexta regula el r�gimen fiscal aplicable a la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020�, teniendo en cuenta que el hecho de que fueran elegidas por la UEFA las ciudades de Bilbao y San Sebasti�n para albergar en ellas la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020� requiere la regulaci�n de un r�gimen fiscal espec�fico.

Por otra parte, a trav�s de la disposici�n adicional s�ptima, se mantiene hasta el 31 de octubre de 2020 la aplicaci�n de un tipo del cero por ciento del Impuesto sobre el Valor A�adido a las entregas interiores, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades p�blicas, sin �nimo de lucro y centros hospitalarios, que, hasta el 31 de julio de 2020, estuvo regulada en el art�culo 8 del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la econom�a y el empleo. De esta forma, se extiende su plazo de vigencia para garantizar la respuesta del sistema sanitario en la segunda fase de control de la pandemia una vez ya iniciado el periodo de nueva normalidad. Tambi�n se actualiza, con efectos desde la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley 15/2020, la relaci�n de bienes a los que es de aplicaci�n esta medida, que se recoge en el Anexo de esta Ley. A estos efectos, los sujetos pasivos efectuar�n, en su caso, conforme a la normativa del Impuesto, la rectificaci�n del Impuesto sobre el Valor A�adido repercutido o satisfecho con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

La disposici�n transitoria primera, que proviene del Acuerdo sobre Trabajo a Distancia, tiene un doble objetivo. Por un lado, garantizar que esta Ley no pueda instrumentalizarse para mermar derechos reconocidos a las personas trabajadoras que prestasen servicios a distancia con anterioridad a su entrada en vigor. Por otro, cubrir los posibles vac�os regulatorios respecto de las relaciones laborales que ya se prestasen conforme a dicha modalidad con car�cter previo.

La disposici�n transitoria tercera, que proviene del Acuerdo de Trabajo a Distancia, prev� el r�gimen transitorio del trabajo a distancia adoptado con car�cter excepcional por aplicaci�n del art�culo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

La disposici�n transitoria cuarta establece el r�gimen aplicable a los procedimientos para el reconocimiento del ingreso m�nimo vital iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley en los que no se haya dictado resoluci�n expresa.

Las disposiciones finales primera, apartado uno, segunda y tercera recogen las modificaciones legislativas derivadas del Acuerdo sobre Trabajo a Distancia.

La disposici�n final primera, apartado uno, modifica el apartado 1 del art�culo 7 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, a efectos de especificar la infracci�n referida al incumplimiento de la obligaci�n de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los t�rminos y con los requisitos previstos en la ley o el convenio colectivo aplicable. El apartado dos de esta disposici�n final primera modifica el art�culo 40 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

La disposici�n final segunda establece un procedimiento judicial especial, mediante la introducci�n de un nuevo art�culo, el 138 bis, en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci�n social, aplicable a las reclamaciones relacionadas con derecho de acceso, reversi�n y modificaci�n del trabajo a distancia.

A trav�s de la disposici�n final tercera se introducen en el texto del Estatuto de los Trabajadores aquellas modificaciones necesarias, conforme a lo recogido en la presente Ley, en los art�culos 13, 23.1 a) y 37.8 de dicha norma legal.

En la disposici�n final cuarta, se modifica el art�culo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para incluir entre los cr�ditos considerados ampliables, los destinados al sistema de protecci�n por cese de actividad.

La disposici�n final quinta incorpora una medida sobre la acreditaci�n de la identidad para obtener certificados electr�nicos, mediante la modificaci�n de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr�nica. En el �mbito de la identificaci�n de solicitantes de certificados electr�nicos cualificados, el Reglamento (UE) 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificaci�n electr�nica y los servicios de confianza para las transacciones electr�nicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE, contempla en su art�culo 24.1 d) la posibilidad de que tal verificaci�n se realice utilizando otros m�todos de identificaci�n reconocidos a escala nacional que aporten una seguridad equivalente en t�rminos de fiabilidad a la presencia f�sica. Como consecuencia, resulta precisa una regulaci�n espec�fica en nuestro derecho nacional de los exigentes requisitos organizativos y de seguridad aplicables a tales m�todos. A tal fin, procede atribuir al Ministerio de Asuntos Econ�micos y Transformaci�n Digital, departamento competente para la regulaci�n de los servicios electr�nicos de confianza, la habilitaci�n para la determinaci�n de tales condiciones y requisitos.

Por otra parte, las disposiciones finales sexta y s�ptima abordan la modificaci�n puntual de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci�n del juego y de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci�n de la Comisi�n Nacional de los Mercados y de la Competencia, respectivamente. Las competencias que en materia de juego ten�a atribuidas el Ministerio de Hacienda, han sido atribuidas al Ministerio de Consumo, en virtud de los art�culos 2 y 4 del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura org�nica b�sica de los departamentos ministeriales, salvo el an�lisis y definici�n de la pol�tica global en materia tributaria, la propuesta, elaboraci�n e interpretaci�n del r�gimen tributario y la gesti�n y liquidaci�n de las tasas derivadas de la gesti�n administrativa del juego seg�n dispone el art�culo 2.1.f) del Real Decreto 689/2020, de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura org�nica b�sica del Ministerio de Hacienda y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura org�nica b�sica de los departamentos ministeriales. Por ello es necesario modificar la disposici�n transitoria primera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci�n del juego, y las disposiciones adicionales segunda y d�cima de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci�n de la Comisi�n Nacional de los Mercados y de la Competencia para indicar que las competencias relacionadas con la gesti�n y recaudaci�n de las tasas derivadas de la gesti�n administrativa del juego ser�n ejercidas por la Agencia Estatal de la Administraci�n Tributaria.

La disposici�n final octava modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, introduciendo una nueva disposici�n adicional vig�sima primera, que habilita al Director de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, en el marco de sus competencias y bajo ciertas condiciones, para conceder, en el �mbito de la seguridad operacional ferroviaria sujeta a normativa nacional, exenciones espec�ficas cuando se produzcan circunstancias urgentes imprevistas o necesidades operacionales urgentes. De este modo se permiten medidas excepcionales de las que se derive una recuperaci�n escalonada que evite el colapso y permita la recuperaci�n de la normalidad en el sector, de manera similar a lo que ha sucedido con las medidas excepcionales adoptadas como consecuencia de la situaci�n de emergencia derivada del COVID-19.

En la disposici�n final novena, se incluye una modificaci�n espec�fica de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com�n de las Administraciones P�blicas, a efectos de ampliar el plazo de entrada en vigor de las previsiones de la disposici�n final s�ptima de la referida norma, en lo relativo al registro electr�nico de apoderamientos, el registro electr�nico, el registro de empleados p�blicos habilitados, el punto de acceso general electr�nico de la Administraci�n y el archivo electr�nico; ante la dificultad de concluir los procesos de adaptaci�n necesarios antes del 2 de octubre de 2020, que es el plazo fijado actualmente, se ampl�a hasta el 2 de abril de 2021, fecha a partir de la cual producir�n efectos las previsiones sobre tales materias.

La disposici�n final d�cima modifica el art�culo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el �mbito econ�mico y para la protecci�n de la salud p�blica, referido a la consideraci�n excepcional como situaci�n asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricci�n en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

La disposici�n final und�cima se ocupa de la modificaci�n del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso m�nimo vital, antes rese�ada.

La disposici�n final duod�cima modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivaci�n econ�mica y el empleo, en la parte que regula el programa de ayudas a la adquisici�n de veh�culos para la renovaci�n del parque circulante, con criterios de sostenibilidad y sociales, el Programa RENOVE, con el fin de aclarar el procedimiento de pago, realizar determinadas modificaciones en materia presupuestaria, y habilitar a la entidad colaboradora que gestione el programa a distribuir los fondos a los beneficiarios.

La disposici�n final decimotercera establece el t�tulo competencial, correspondiendo a la disposici�n final decimocuarta se�alar la fecha de su entrada en vigor.

VII

Con esta norma se avanza en el cumplimiento de la meta 8.5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es decir, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los j�venes y las personas con discapacidad, as� como la igualdad de remuneraci�n por trabajo de igual valor; y de las metas 8.4 y 11.6 de la Agenda 2030, relativas a la mejora progresiva de la producci�n y el consumo eficientes, procurando desvincular el crecimiento econ�mico de la degradaci�n del medio ambiente; y a la reducci�n del impacto ambiental negativo per c�pita de ciudad.

Esta Ley cumple con los principios de buena regulaci�n exigibles conforme al art�culo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com�n de las Administraciones P�blicas. Tal y como se pone de manifiesto en la motivaci�n y los objetivos la norma est� llamada a proporcionar una regulaci�n adecuada y suficiente de los diferentes aspectos que singularizan la prestaci�n del trabajo a distancia y para lo cual no basta con la aplicaci�n de los preceptos vigentes, dej�ndolo a la autonom�a de las partes, lo que podr�a conllevar situaciones de desprotecci�n, desigualdad y desconocimiento de derechos b�sicos dada la situaci�n de asimetr�a y el espacio y medios particulares en los que se desarrolla el trabajo a distancia.

Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para posibilitar el cumplimiento de dicho objetivo, aspectos que han sido puestos de manifiesto, entre otros, por el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo de 2002. Cumple tambi�n con el principio de transparencia, ya que identifica claramente su prop�sito y se ofrece una explicaci�n completa de su contenido en las diferentes fases de su tramitaci�n.

Ha sido sometida a los tr�mites de audiencia e informaci�n p�blicas, y de manera espec�fica, a la previa consulta de las organizaciones sindicales y patronales m�s representativas. Durante la tramitaci�n del decreto-ley del que procede se ha recabado el dictamen del Consejo Econ�mico y Social.

Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.7.� y 13.� de la Constituci�n Espa�ola, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las materias de legislaci�n laboral, as� como de bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica.

CAP�TULO I
Disposiciones generales

Art�culo 1 �mbito de aplicaci�n

Las relaciones de trabajo a las que resultar� de aplicaci�n la presente Ley ser�n aquellas en las que concurran las condiciones descritas en el art�culo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, que se desarrollen a distancia con car�cter regular.

Se entender� que es regular el trabajo a distancia que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un m�nimo del treinta por ciento de la jornada, o el porcentaje proporcional equivalente en funci�n de la duraci�n del contrato de trabajo.

Art�culo 2 Definiciones

A los efectos de lo establecido en esta Ley, se entender� por:

  • a) �Trabajo a distancia�: forma de organizaci�n del trabajo o de realizaci�n de la actividad laboral conforme a la cual esta se presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con car�cter regular.
  • b) �Teletrabajo�: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas inform�ticos, telem�ticos y de telecomunicaci�n.
  • c) �Trabajo presencial�: aquel trabajo que se presta en el centro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

Art�culo 3 Limitaciones en el trabajo a distancia

En los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en pr�cticas y para la formaci�n y el aprendizaje, solo cabr� un acuerdo de trabajo a distancia que garantice, como m�nimo, un porcentaje del cincuenta por ciento de prestaci�n de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo telem�tico, en su caso, de la formaci�n te�rica vinculada a estos �ltimos.

Art�culo 4 Igualdad de trato y de oportunidades y no discriminaci�n

1. Las personas que desarrollan trabajo a distancia tendr�n los mismos derechos que hubieran ostentado si prestasen servicios en el centro de trabajo de la empresa, salvo aquellos que sean inherentes a la realizaci�n de la prestaci�n laboral en el mismo de manera presencial, y no podr�n sufrir perjuicio en ninguna de sus condiciones laborales, incluyendo retribuci�n, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formaci�n y promoci�n profesional.

Sin perjuicio de lo previsto en el p�rrafo anterior, las personas que desarrollan total o parcialmente trabajo a distancia tendr�n derecho a percibir, como m�nimo, la retribuci�n total establecida conforme a su grupo profesional, nivel, puesto y funciones, as� como los complementos establecidos para las personas trabajadoras que solo prestan servicios de forma presencial, particularmente aquellos vinculados a las condiciones personales, los resultados de la empresa o las caracter�sticas del puesto de trabajo.

2. Las personas que desarrollan trabajo a distancia no podr�n sufrir perjuicio alguno ni modificaci�n en las condiciones pactadas, en particular en materia de tiempo de trabajo o de retribuci�n, por las dificultades, t�cnicas u otras no imputables a la persona trabajadora, que eventualmente pudieran producirse, sobre todo en caso de teletrabajo.

3. Las empresas est�n obligadas a evitar cualquier discriminaci�n, directa o indirecta, particularmente por raz�n de sexo, edad, antig�edad o grupo profesional o discapacidad, de las personas trabajadoras que prestan servicios a distancia, asegurando la igualdad de trato y la prestaci�n de apoyos, y realizando los ajustes razonables que resulten procedentes.

Igualmente, las empresas est�n obligadas a tener en cuenta a las personas teletrabajadoras o trabajadoras a distancia y sus caracter�sticas laborales en el diagn�stico, implementaci�n, aplicaci�n, seguimiento y evaluaci�n de medidas y planes de igualdad.

4. De conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, las empresas deber�n tener en cuenta las particularidades del trabajo a distancia, especialmente del teletrabajo, en la configuraci�n y aplicaci�n de medidas contra el acoso sexual, acoso por raz�n de sexo, acoso por causa discriminatoria y acoso laboral.

En la elaboraci�n de medidas para la protecci�n de las v�ctimas de violencia de g�nero, deber�n tenerse especialmente en cuenta, dentro de la capacidad de actuaci�n empresarial en este �mbito, las posibles consecuencias y particularidades de esta forma de prestaci�n de servicios en aras a la protecci�n y garant�a de derechos sociolaborales de estas personas.

5. Las personas que realizan trabajo a distancia tienen los mismos derechos que las personas trabajadoras presenciales en materia de conciliaci�n y corresponsabilidad, incluyendo el derecho de adaptaci�n a la jornada establecido en el art�culo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, a fin de que no interfiera el trabajo con la vida personal y familiar.

CAP�TULO II
El acuerdo de trabajo a distancia

Secci�n 1
Voluntariedad del trabajo a distancia

Art�culo 5 Voluntariedad del trabajo a distancia y acuerdo de trabajo a distancia

1. El trabajo a distancia ser� voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerir� la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado en esta Ley, que podr� formar parte del contrato inicial o realizarse en un momento posterior, sin que pueda ser impuesto en aplicaci�n del art�culo 41 del Estatuto de los Trabajadores, todo ello sin perjuicio del derecho al trabajo a distancia que pueda reconocer la legislaci�n o la negociaci�n colectiva.

2. La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que est�n exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestaci�n presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no ser�n causas justificativas de la extinci�n de la relaci�n laboral ni de la modificaci�n sustancial de las condiciones de trabajo.

3. La decisi�n de trabajar a distancia desde una modalidad de trabajo presencial ser� reversible para la empresa y la persona trabajadora. El ejercicio de esta reversibilidad podr� ejercerse en los t�rminos establecidos en la negociaci�n colectiva o, en su defecto, en los fijados en el acuerdo de trabajo a distancia al que se refiere el art�culo 7.

Secci�n 2
El acuerdo de trabajo a distancia

Art�culo 6 Obligaciones formales del acuerdo de trabajo a distancia

1. El acuerdo de trabajo a distancia deber� realizarse por escrito. Este acuerdo podr� estar incorporado al contrato de trabajo inicial o realizarse en un momento posterior, pero en todo caso deber� formalizarse antes de que se inicie el trabajo a distancia.

2. La empresa deber� entregar a la representaci�n legal de las personas trabajadoras una copia de todos los acuerdos de trabajo a distancia que se realicen y de sus actualizaciones, excluyendo aquellos datos que, de acuerdo con la Ley Org�nica 1/1982, de 5 de mayo, de protecci�n civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pudieran afectar a la intimidad personal, de conformidad con lo previsto en el art�culo 8.4 del Estatuto de los Trabajadores. El tratamiento de la informaci�n facilitada estar� sometido a los principios y garant�as previstos en la normativa aplicable en materia de protecci�n de datos.

Esta copia se entregar� por la empresa, en un plazo no superior a diez d�as desde su formalizaci�n, a la representaci�n legal de las personas trabajadoras, que la firmar�n a efectos de acreditar que se ha producido la entrega.

Posteriormente, dicha copia se enviar� a la oficina de empleo. Cuando no exista representaci�n legal de las personas trabajadoras tambi�n deber� formalizarse copia b�sica y remitirse a la oficina de empleo.

Art�culo 7 Contenido del acuerdo de trabajo a distancia

Ser� contenido m�nimo obligatorio del acuerdo de trabajo a distancia, sin perjuicio de la regulaci�n recogida al respecto en los convenios o acuerdos colectivos, el siguiente:

  • a) Inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles, as� como de la vida �til o periodo m�ximo para la renovaci�n de estos.
  • b) Enumeraci�n de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, as� como forma de cuantificaci�n de la compensaci�n que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponder�, de existir, con la previsi�n recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicaci�n.
  • c) Horario de trabajo de la persona trabajadora y dentro de �l, en su caso, reglas de disponibilidad.
  • d) Porcentaje y distribuci�n entre trabajo presencial y trabajo a distancia, en su caso.
  • e) Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrita la persona trabajadora a distancia y donde, en su caso, desarrollar� la parte de la jornada de trabajo presencial.
  • f) Lugar de trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora para el desarrollo del trabajo a distancia.
  • g) Duraci�n de plazos de preaviso para el ejercicio de las situaciones de reversibilidad, en su caso.
  • h) Medios de control empresarial de la actividad.
  • i) Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificultades t�cnicas que impidan el normal desarrollo del trabajo a distancia.
  • j) Instrucciones dictadas por la empresa, con la participaci�n de la representaci�n legal de las personas trabajadoras, en materia de protecci�n de datos, espec�ficamente aplicables en el trabajo a distancia.
  • k) Instrucciones dictadas por la empresa, previa informaci�n a la representaci�n legal de las personas trabajadoras, sobre seguridad de la informaci�n, espec�ficamente aplicables en el trabajo a distancia.
  • l) Duraci�n del acuerdo de trabajo a distancia.

Art�culo 8 Modificaci�n del acuerdo de trabajo a distancia y ordenaci�n de prioridades

1. La modificaci�n de las condiciones establecidas en el acuerdo de trabajo a distancia, incluido el porcentaje de presencialidad, deber� ser objeto de acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, formaliz�ndose por escrito con car�cter previo a su aplicaci�n. Esta modificaci�n ser� puesta en conocimiento de la representaci�n legal de las personas trabajadoras.

2. Las personas que realizan trabajo a distancia desde el inicio de la relaci�n laboral durante la totalidad de su jornada, tendr�n prioridad para ocupar puestos de trabajo que se realizan total o parcialmente de manera presencial. A estos efectos, la empresa informar� a estas personas que trabajan a distancia y a la representaci�n legal de las personas trabajadoras de los puestos de trabajo vacantes de car�cter presencial que se produzcan.

3. Los convenios o acuerdos colectivos podr�n establecer los mecanismos y criterios por los que la persona que desarrolla trabajo presencial puede pasar a trabajo a distancia o viceversa, as� como preferencias vinculadas a determinadas circunstancias, como las relacionadas con la formaci�n, la promoci�n y estabilidad en el empleo de personas con diversidad funcional o con riesgos espec�ficos, la existencia de pluriempleo o pluriactividad o la concurrencia de determinadas circunstancias personales o familiares, as� como la ordenaci�n de las prioridades establecidas en la presente Ley.

En el dise�o de estos mecanismos se deber� evitar la perpetuaci�n de roles y estereotipos de g�nero y se deber� tener en cuenta el fomento de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, debiendo ser objeto de diagn�stico y tratamiento por parte del plan de igualdad que, en su caso, corresponda aplicar en la empresa.

CAP�TULO III
Derechos de las personas trabajadoras a distancia

Secci�n 1
Derecho a la carrera profesional

Art�culo 9 Derecho a la formaci�n

1. Las empresas deber�n adoptar las medidas necesarias para garantizar la participaci�n efectiva en las acciones formativas de las personas que trabajan a distancia, en t�rminos equivalentes a las de las personas que prestan servicios en el centro de trabajo de la empresa, debiendo atender el desarrollo de estas acciones, en lo posible, a las caracter�sticas de su prestaci�n de servicios a distancia.

2. La empresa deber� garantizar a las personas que trabajan a distancia la formaci�n necesaria para el adecuado desarrollo de su actividad tanto al momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios en los medios o tecnolog�as utilizadas.

Art�culo 10 Derecho a la promoci�n profesional

Las personas que trabajan a distancia tendr�n derecho, en los mismos t�rminos que las que prestan servicios de forma presencial, a la promoci�n profesional, debiendo la empresa informar a aquellas, de manera expresa y por escrito, de las posibilidades de ascenso que se produzcan, ya se trate de puestos de desarrollo presencial o a distancia.

Secci�n 2
Derechos relativos a la dotaci�n y mantenimiento de medios y al abono y compensaci�n de gastos

Art�culo 11 Derecho a la dotaci�n suficiente y mantenimiento de medios, equipos y herramientas

1. Las personas que trabajan a distancia tendr�n derecho a la dotaci�n y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad, de conformidad con el inventario incorporado en el acuerdo referido en el art�culo 7 y con los t�rminos establecidos, en su caso, en el convenio o acuerdo colectivo de aplicaci�n. En el caso de personas con discapacidad trabajadoras, la empresa asegurar� que esos medios, equipos y herramientas, incluidos los digitales, sean universalmente accesibles, para evitar cualquier exclusi�n por esta causa.

2. Asimismo, se garantizar� la atenci�n precisa en el caso de dificultades t�cnicas, especialmente en el caso de teletrabajo.

Art�culo 12 El derecho al abono y compensaci�n de gastos

1. El desarrollo del trabajo a distancia deber� ser sufragado o compensado por la empresa, y no podr� suponer la asunci�n por parte de la persona trabajadora de gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral.

2. Los convenios o acuerdos colectivos podr�n establecer el mecanismo para la determinaci�n, y compensaci�n o abono de estos gastos.

Secci�n 3
Derechos con repercusi�n en el tiempo de trabajo

Art�culo 13 Derecho al horario flexible en los t�rminos del acuerdo

De conformidad con los t�rminos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la negociaci�n colectiva, respetando los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, la persona que desarrolla trabajo a distancia podr� flexibilizar el horario de prestaci�n de servicios establecido.

Art�culo 14 Derecho al registro horario adecuado

El sistema de registro horario que se regula en el art�culo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, de conformidad con lo establecido en la negociaci�n colectiva, deber� reflejar fielmente el tiempo que la persona trabajadora que realiza trabajo a distancia dedica a la actividad laboral, sin perjuicio de la flexibilidad horaria, y deber� incluir, entre otros, el momento de inicio y finalizaci�n de la jornada.

Secci�n 4
Derecho a la prevenci�n de riesgos laborales

Art�culo 15 Aplicaci�n de la normativa preventiva en el trabajo a distancia

Las personas que trabajan a distancia tienen derecho a una adecuada protecci�n en materia de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevenci�n de Riesgos Laborales, y su normativa de desarrollo.

Art�culo 16 Evaluaci�n de riesgos y planificaci�n de la actividad preventiva

1. La evaluaci�n de riesgos y la planificaci�n de la actividad preventiva del trabajo a distancia deber�n tener en cuenta los riesgos caracter�sticos de esta modalidad de trabajo, poniendo especial atenci�n en los factores psicosociales, ergon�micos y organizativos y de accesibilidad del entorno laboral efectivo. En particular, deber� tenerse en cuenta la distribuci�n de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garant�a de los descansos y desconexiones durante la jornada.

La evaluaci�n de riesgos �nicamente debe alcanzar a la zona habilitada para la prestaci�n de servicios, no extendi�ndose al resto de zonas de la vivienda o del lugar elegido para el desarrollo del trabajo a distancia.

2. La empresa deber� obtener toda la informaci�n acerca de los riesgos a los que est� expuesta la persona que trabaja a distancia mediante una metodolog�a que ofrezca confianza respecto de sus resultados, y prever las medidas de protecci�n que resulten m�s adecuadas en cada caso.

Cuando la obtenci�n de dicha informaci�n exigiera la visita por parte de quien tuviera competencias en materia preventiva al lugar en el que, conforme a lo recogido en el acuerdo al que se refiere el art�culo 7, se desarrolla el trabajo a distancia, deber� emitirse informe escrito que justifique dicho extremo que se entregar� a la persona trabajadora y a las delegadas y delegados de prevenci�n.

La referida visita requerir�, en cualquier caso, el permiso de la persona trabajadora, de tratarse de su domicilio o del de una tercera persona f�sica.

De no concederse dicho permiso, el desarrollo de la actividad preventiva por parte de la empresa podr� efectuarse en base a la determinaci�n de los riesgos que se derive de la informaci�n recabada de la persona trabajadora seg�n las instrucciones del servicio de prevenci�n.

Secci�n 5
Derechos relacionados con el uso de medios digitales

Art�culo 17 Derecho a la intimidad y a la protecci�n de datos

1. La utilizaci�n de los medios telem�ticos y el control de la prestaci�n laboral mediante dispositivos autom�ticos garantizar� adecuadamente el derecho a la intimidad y a la protecci�n de datos, en los t�rminos previstos en la Ley Org�nica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protecci�n de Datos Personales y garant�a de los derechos digitales, de acuerdo con los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios utilizados.

2. La empresa no podr� exigir la instalaci�n de programas o aplicaciones en dispositivos propiedad de la persona trabajadora, ni la utilizaci�n de estos dispositivos en el desarrollo del trabajo a distancia.

3. Las empresas deber�n establecer criterios de utilizaci�n de los dispositivos digitales respetando en todo caso los est�ndares m�nimos de protecci�n de su intimidad de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos legal y constitucionalmente. En su elaboraci�n deber� participar la representaci�n legal de las personas trabajadoras.

Los convenios o acuerdos colectivos podr�n especificar los t�rminos dentro de los cuales las personas trabajadoras pueden hacer uso por motivos personales de los equipos inform�ticos puestos a su disposici�n por parte de la empresa para el desarrollo del trabajo a distancia, teniendo en cuenta los usos sociales de dichos medios y las particularidades del trabajo a distancia.

Art�culo 18 Derecho a la desconexi�n digital

1. Las personas que trabajan a distancia, particularmente en teletrabajo, tienen derecho a la desconexi�n digital fuera de su horario de trabajo en los t�rminos establecidos en el art�culo 88 de la Ley Org�nica 3/2018, de 5 de diciembre.

El deber empresarial de garantizar la desconexi�n conlleva una limitaci�n del uso de los medios tecnol�gicos de comunicaci�n empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, as� como el respeto a la duraci�n m�xima de la jornada y a cualesquiera l�mites y precauciones en materia de jornada que dispongan la normativa legal o convencional aplicables.

2. La empresa, previa audiencia de la representaci�n legal de las personas trabajadoras, elaborar� una pol�tica interna dirigida a personas trabajadoras, incluidas los que ocupen puestos directivos, en la que definir�n las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexi�n y las acciones de formaci�n y de sensibilizaci�n del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnol�gicas que evite el riesgo de fatiga inform�tica. En particular, se preservar� el derecho a la desconexi�n digital en los supuestos de realizaci�n total o parcial del trabajo a distancia, as� como en el domicilio de la persona empleada vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnol�gicas.

Los convenios o acuerdos colectivos de trabajo podr�n establecer los medios y medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la desconexi�n en el trabajo a distancia y la organizaci�n adecuada de la jornada de forma que sea compatible con la garant�a de tiempos de descanso.

Secci�n 6
Derechos colectivos

Art�culo 19 Derechos colectivos de las personas que trabajan a distancia

1. Las personas trabajadoras a distancia tendr�n derecho a ejercitar sus derechos de naturaleza colectiva con el mismo contenido y alcance que el resto de las personas trabajadoras del centro al que est�n adscritas.

A estos efectos, la negociaci�n colectiva podr� establecer las condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos de las personas trabajadoras a distancia, en atenci�n a las singularidades de su prestaci�n, con respeto pleno al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre la persona trabajadora a distancia y la que desempe�e tareas en el establecimiento de la empresa.

2. La empresa deber� suministrar a la representaci�n legal de las personas trabajadoras los elementos precisos para el desarrollo de su actividad representativa, entre ellos, el acceso a las comunicaciones y direcciones electr�nicas de uso en la empresa y la implantaci�n del tabl�n virtual, cuando sea compatible con la forma de prestaci�n del trabajo a distancia.

Deber� asegurarse que no existen obst�culos para la comunicaci�n entre las personas trabajadoras a distancia y sus representantes legales, as� como con el resto de personas trabajadoras.

3. Deber� garantizarse que las personas trabajadoras a distancia pueden participar de manera efectiva en las actividades organizadas o convocadas por su representaci�n legal o por el resto de las personas trabajadoras en defensa de sus intereses laborales, en particular, su participaci�n efectiva presencial para el ejercicio del derecho a voto en las elecciones a representantes legales.

CAP�TULO IV
Facultades de organizaci�n, direcci�n y control empresarial en el trabajo a distancia

Art�culo 20 Protecci�n de datos y seguridad de la informaci�n

1. Las personas trabajadoras, en el desarrollo del trabajo a distancia, deber�n cumplir las instrucciones que haya establecido la empresa en el marco de la legislaci�n sobre protecci�n de datos, previa participaci�n de la representaci�n legal de las personas trabajadoras.

2. Las personas trabajadoras deber�n cumplir las instrucciones sobre seguridad de la informaci�n espec�ficamente fijadas por la empresa, previa informaci�n a su representaci�n legal, en el �mbito del trabajo a distancia.

Art�culo 21 Condiciones e instrucciones de uso y conservaci�n de equipos o �tiles inform�ticos

Las personas trabajadoras deber�n cumplir las condiciones e instrucciones de uso y conservaci�n establecidas en la empresa en relaci�n con los equipos o �tiles inform�ticos, dentro de los t�rminos que, en su caso, se establezcan en la negociaci�n colectiva.

Art�culo 22 Facultades de control empresarial

La empresa podr� adoptar las medidas que estime m�s oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por la persona trabajadora de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la utilizaci�n de medios telem�ticos, guardando en su adopci�n y aplicaci�n la consideraci�n debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, sus circunstancias personales, como la concurrencia de una discapacidad.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposici�n adicional primera El trabajo a distancia en la negociaci�n colectiva

1. Los convenios o acuerdos colectivos podr�n establecer, en atenci�n a la especificidad de la actividad concreta de su �mbito, la identificaci�n de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a trav�s del trabajo a distancia, las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante esta modalidad, la duraci�n m�xima del trabajo a distancia, as� como contenidos adicionales en el acuerdo de trabajo a distancia y cuantas otras cuestiones se consideren necesario regular.

2. Los convenios o acuerdos colectivos podr�n regular una jornada m�nima presencial en el trabajo a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo en los locales de la empresa, un porcentaje o periodo de referencia inferiores a los fijados en la presente Ley a los efectos de calificar como �regular� esta modalidad de ejecuci�n de la actividad laboral, un porcentaje de trabajo presencial de los contratos formativos diferente al previsto en el mismo, siempre que no se celebren con menores de edad, as� como las posibles circunstancias extraordinarias de modulaci�n del derecho a la desconexi�n.

Disposici�n adicional segunda Personal laboral al servicio de las Administraciones P�blicas

Las previsiones contenidas en esta Ley no ser�n de aplicaci�n al personal laboral al servicio de las Administraciones P�blicas, que se regir� en esta materia por su normativa espec�fica.

Disposici�n adicional tercera Domicilio a efectos de considerar la Autoridad Laboral competente y los servicios y programas p�blicos de fomento de empleo aplicables

En el trabajo a distancia, se considerar� como domicilio de referencia a efectos de considerar la Autoridad Laboral competente y los servicios y programas p�blicos de fomento del empleo aplicables, aquel que figure como tal en el contrato de trabajo y, en su defecto, el domicilio de la empresa o del centro o lugar f�sico de trabajo.

Disposici�n adicional cuarta Consideraci�n como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo a las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma

1. Desde la declaraci�n de la pandemia internacional por la Organizaci�n Mundial de la Salud y hasta que las autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevenci�n adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que en el ejercicio de su profesi�n, hayan contra�do el virus SARS-CoV2 por haber estado expuesto a ese riesgo espec�fico durante la prestaci�n de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando as� se acredite por los servicios de Prevenci�n de Riesgos Laborales y Salud Laboral, se considerar�n derivadas de accidente de trabajo, al entender cumplidos los requisitos exigidos en el art�culo 156.2.e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

2. El contagio y padecimiento de la enfermedad se acreditar� mediante el correspondiente parte de accidente de trabajo que deber� haberse expedido dentro del mismo periodo de referencia.

3. En los casos de fallecimiento, se considerar� que la causa es accidente de trabajo siempre que el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco a�os siguientes al contagio de la enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el art�culo 217.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Disposici�n adicional quinta Convenios de colaboraci�n entre las entidades gestoras de la Seguridad Social, las comunidades aut�nomas y el Instituto Nacional de Gesti�n Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal

En los convenios de colaboraci�n que formalicen las entidades gestoras de la Seguridad Social con las comunidades aut�nomas y con el Instituto Nacional de Gesti�n Sanitaria para el control y seguimiento de la incapacidad temporal podr� preverse el anticipo de hasta la cuant�a total del importe previsto en el respectivo convenio para la financiaci�n de las actuaciones a desarrollar por las comunidades aut�nomas y por el Instituto Nacional de Gesti�n Sanitaria.

A estos efectos, con car�cter previo a la formalizaci�n de los convenios a que se refiere el p�rrafo anterior, se requerir� la autorizaci�n del Consejo de Ministros. Con esta finalidad, el titular del Ministerio de Inclusi�n, Seguridad Social y Migraciones, previo informe del Ministerio de Hacienda, elevar� la oportuna propuesta al Consejo de Ministros.

No ser� de aplicaci�n, para el caso exclusivo de estos convenios, lo dispuesto en el apartado 1 del art�culo 47 de la Ley General Presupuestaria, en lo que se refiere a la necesidad de iniciar la ejecuci�n del gasto en el propio ejercicio en el que se adquiere el compromiso del gasto.

Disposici�n adicional sexta R�gimen fiscal aplicable a la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020�

Uno. R�gimen fiscal de la entidad organizadora de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020� y de los equipos participantes:

Las personas jur�dicas residentes en territorio espa�ol constituidas con motivo de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020� por la entidad organizadora o por los equipos participantes estar�n exentas del Impuesto sobre Sociedades por las rentas obtenidas durante la celebraci�n del acontecimiento y en la medida en que est�n directamente relacionadas con su participaci�n en �l.

Lo establecido en el p�rrafo anterior se aplicar� igualmente en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes a los establecimientos permanentes que la entidad organizadora de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020� o los equipos participantes constituyan en Espa�a con motivo del acontecimiento por las rentas obtenidas durante su celebraci�n y en la medida que est�n directamente relacionadas con su participaci�n en �l.

Estar�n exentas las rentas obtenidas sin establecimiento permanente por la entidad organizadora de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020� o los equipos participantes, generadas con motivo de la celebraci�n de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020� y en la medida en que est�n directamente relacionadas con su participaci�n en aquella.

Dos. R�gimen fiscal de las personas f�sicas que presten servicios a la entidad organizadora o a los equipos participantes:

  • 1. No se considerar�n obtenidas en Espa�a las rentas que perciban las personas f�sicas que no sean residentes en Espa�a, por los servicios que presten a la entidad organizadora o a los equipos participantes, generadas con motivo de la celebraci�n de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020� y en la medida en que est�n directamente relacionadas con su participaci�n en aquella.
  • 2. Las personas f�sicas que adquieran la condici�n de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas como consecuencia de su desplazamiento a territorio espa�ol con motivo de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020� podr�n optar por tributar por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en los t�rminos y condiciones previstos en el art�culo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas y de modificaci�n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Tres. R�gimen aduanero y tributario aplicable a las mercanc�as que se importen para afectarlas al desarrollo y celebraci�n de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020�:

  • 1. Con car�cter general, el r�gimen aduanero aplicable a las mercanc�as que se importen para su utilizaci�n en la celebraci�n y desarrollo de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020� ser� el que resulte de las disposiciones contenidas en el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el C�digo Aduanero de la Uni�n, y dem�s legislaci�n aduanera de aplicaci�n.
  • 2. Sin perjuicio de lo anterior y con arreglo al art�culo 251 del C�digo Aduanero de la Uni�n y al art�culo 7 del Convenio relativo a la Importaci�n Temporal, hecho en Estambul el 26 de junio de 1990, las mercanc�as a que se refiere el n�mero 1 de este apartado que se vinculen al r�gimen aduanero de importaci�n temporal podr�n permanecer al amparo de dicho r�gimen por un plazo m�ximo de 24 meses desde su vinculaci�n al mismo, que, en todo caso, expirar�, a m�s tardar, el 31 de diciembre del a�o siguiente al de la finalizaci�n de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020�.
  • 3. Se autoriza al Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria para que adopte las medidas necesarias para la ejecuci�n de lo dispuesto en este apartado tres.

Cuatro. Impuesto sobre el Valor A�adido:

  • 1. Por excepci�n a lo dispuesto en el n�mero 2.� del art�culo 119 bis de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A�adido, no se exigir� el requisito de reciprocidad en la devoluci�n a empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad que soporten o satisfagan cuotas del Impuesto como consecuencia de la realizaci�n de operaciones relacionadas con la celebraci�n de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020�.
  • 2. Por excepci�n de lo establecido en el n�mero 7.� del apartado uno del art�culo 164 de la Ley 37/1992, cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en la Comunidad, Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan instrumentos de asistencia mutua an�logos a los instituidos en la Comunidad, no ser� necesario que nombren un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en dicha Ley.
  • 3. Los empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicaci�n del Impuesto que tengan la condici�n de sujetos pasivos y que soporten o satisfagan cuotas como consecuencia de la realizaci�n de operaciones relacionadas con la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020� tendr�n derecho a la devoluci�n de dichas cuotas al t�rmino de cada periodo de liquidaci�n.

    Para dichos empresarios o profesionales, el periodo de liquidaci�n coincidir� con el mes natural, debiendo presentar sus declaraciones-liquidaciones durante los 20 primeros d�as naturales del mes siguiente al periodo de liquidaci�n. Sin embargo, las declaraciones-liquidaciones correspondientes al �ltimo periodo del a�o deber�n presentarse durante los treinta primeros d�as naturales del mes de enero.

    Lo establecido en el p�rrafo anterior no determinar� la obligaci�n para dichos empresarios o profesionales de la llevanza de los Libros Registro del Impuesto a trav�s de la Sede Electr�nica de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, a que se refiere el art�culo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor A�adido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre.

    Lo dispuesto en este n�mero ser� igualmente aplicable a la entidad organizadora del acontecimiento, a los equipos participantes y a las personas jur�dicas a que se refiere el n�mero 1 anterior.

    No obstante, cuando se trate de empresarios o profesionales no establecidos en los que concurran los requisitos previstos en los art�culos 119 o 119 bis de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, la devoluci�n de las cuotas soportadas se efectuar� conforme al procedimiento establecido en dichos art�culos y en los art�culos 31 y 31 bis del Reglamento del Impuesto, aprobado por el Real Decreto 1624/1992.

  • 4. Respecto a las operaciones relacionadas con los bienes vinculados al r�gimen de importaci�n temporal con exenci�n total de derechos, a que se alude en el apartado tres anterior, resultar� aplicable lo dispuesto en el art�culo 24 de la Ley del Impuesto.
  • 5. El plazo a que se refiere el p�rrafo g) del apartado 3 del art�culo 9 de la Ley del Impuesto ser�, en relaci�n con los bienes que se utilicen temporalmente en la celebraci�n y desarrollo de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020�, el previsto en el n�mero 2 del apartado tres anterior.
  • 6. La regla establecida en el apartado dos del art�culo 70 de la Ley del Impuesto no resultar� aplicable a los servicios del n�mero 1 de este apartado cuando sean prestados por las personas jur�dicas residentes en Espa�a constituidas con motivo del acontecimiento por la entidad organizadora de la final de la �UEFA Women’s Champions League 2020� por los equipos participantes y est�n en relaci�n con la organizaci�n, la promoci�n o el apoyo de dicho acontecimiento.

Disposici�n adicional s�ptima Tipo impositivo aplicable del Impuesto sobre el Valor A�adido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19

Con efectos desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la econom�a y el empleo, y vigencia hasta el 31 de octubre de 2020, se aplicar� el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor A�adido a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el Anexo de esta Ley cuyos destinatarios sean entidades de Derecho P�blico, cl�nicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de car�cter social a que se refiere el apartado tres del art�culo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor A�adido. Estas operaciones se documentar�n en factura como operaciones exentas.

Disposici�n adicional octava Profesorado de formaci�n profesional

Se habilita a las administraciones educativas para que, en tanto no se complete el desarrollo reglamentario previsto en el art�culo 95, apartados 2, 3 y 4, de la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci�n, puedan realizar selecci�n de funcionarios de carrera de las convocatorias en curso derivadas de las ofertas de empleo p�blico anteriores a la entrada en vigor de la Ley Org�nica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Org�nica 2/2006, de 3 de mayo, de Educaci�n, en el Cuerpo de Profesores T�cnicos de Formaci�n Profesional, as� como nombramientos de personal interino en ese Cuerpo, con los requisitos que exist�an para el mismo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposici�n transitoria primera Situaciones de trabajo a distancia existentes a la entrada en vigor de esta Ley

1. Esta Ley ser� �ntegramente aplicable a las relaciones de trabajo vigentes y que estuvieran reguladas, con anterioridad a su publicaci�n, por convenios o acuerdos colectivos sobre condiciones de prestaci�n de servicios a distancia, desde el momento en el que estos pierdan su vigencia.

En caso de que los convenios o acuerdos referidos en el apartado anterior no prevean un plazo de duraci�n, esta norma resultar� de aplicaci�n �ntegramente una vez transcurrido un a�o desde su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�, salvo que las partes firmantes de estos acuerden expresamente un plazo superior, que como m�ximo podr� ser de tres a�os.

2. En ning�n caso la aplicaci�n de esta Ley podr� tener como consecuencia la compensaci�n, absorci�n o desaparici�n de cualesquiera derechos o condiciones m�s beneficiosas que vinieran disfrutando las personas que prestasen con car�cter previo sus servicios a distancia que se reflejar�n en el acuerdo de trabajo a distancia, de conformidad con lo previsto en el art�culo 7.

El acuerdo de trabajo a distancia regulado en la secci�n segunda del cap�tulo II de esta Ley deber� formalizarse en el plazo de tres meses desde que esta norma resulte de aplicaci�n a la relaci�n laboral concreta. En id�ntico plazo deber�n efectuarse adaptaciones o modificaciones de los acuerdos de trabajo a distancia de car�cter individual vigentes a la fecha de publicaci�n de esta Ley, no derivados de convenios o acuerdos colectivos.

Disposici�n transitoria segunda Irretroactividad

Las infracciones en el orden social cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del apartado dos de la disposici�n final primera de la presente Ley se sancionar�n conforme a las cuant�as sancionatorias previstas con anterioridad a dicha fecha.

Disposici�n transitoria tercera Trabajo a distancia como medida de contenci�n sanitaria derivada de la COVID-19

Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicaci�n del art�culo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de contenci�n sanitaria derivadas de la COVID-19, y mientras estas se mantengan, le seguir� resultando de aplicaci�n la normativa laboral ordinaria.

En todo caso, las empresas estar�n obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo a distancia, as� como al mantenimiento que resulte necesario.

En su caso, la negociaci�n colectiva establecer� la forma de compensaci�n de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados.

Disposici�n transitoria cuarta Procedimientos para el reconocimiento del ingreso m�nimo vital iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ley en los que no se haya dictado resoluci�n expresa

A los procedimientos para el reconocimiento del ingreso m�nimo vital en los que no se hubiera dictado resoluci�n expresa a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, les ser� de aplicaci�n lo que a continuaci�n se establece:

  • 1. El plazo para resolver y notificar ser� el de seis meses previsto en el art�culo 25.3 del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso m�nimo vital, aun cuando a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley hayan transcurrido tres meses desde la presentaci�n de la solicitud. A tal efecto, el periodo transcurrido sin haberse dictado resoluci�n expresa ser� tenido en cuenta para el c�mputo de los seis meses establecidos en el citado art�culo 25.3.
  • 2. Con independencia del estado en que se encuentre el procedimiento para el reconocimiento de la prestaci�n econ�mica del ingreso m�nimo vital a la entrada en vigor de esta disposici�n transitoria, se comprobar� el cumplimiento por los interesados de la condici�n de vulnerabilidad establecida en el art�culo 7.1.b) del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, como requisito necesario para poder continuar su tramitaci�n. En el supuesto de que no quedara acreditado dicho requisito, se dictar� resoluci�n declarando la imposibilidad de continuar la tramitaci�n del procedimiento.

    Frente a esta resoluci�n, se podr� interponer reclamaci�n administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci�n social, y cuyo objeto se limitar� a conocer sobre la posibilidad de seguir el procedimiento, en raz�n del cumplimiento del requisito de vulnerabilidad establecido en el citado art�culo 7.1.b), por lo que la estimaci�n de la reclamaci�n previa tendr� como �nico efecto, permitir seguir la tramitaci�n administrativa.

    La continuaci�n del procedimiento no obstar� a la desestimaci�n de la solicitud si la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el indicado art�culo 7.1.b).

DISPOSICIONES FINALES

Disposici�n final primera Modificaci�n del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto

Uno. Se modifica el apartado 1 del art�culo 7 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, con la siguiente redacci�n:

�1. No formalizar por escrito el contrato de trabajo, cuando este requisito sea exigible o lo haya solicitado la persona trabajadora, o no formalizar el acuerdo de trabajo a distancia en los t�rminos y con los requisitos legal y convencionalmente previstos.�

LE0000055513_20240523Ir a Norma afectada

Dos. Se modifica el art�culo 40 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que queda redactado de la siguiente manera:

�Art�culo 40 Cuant�a de las sanciones

1. Las infracciones en materia de relaciones laborales y empleo, en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente, en materia de movimientos migratorios y trabajo de extranjeros, en materia de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, excepto las que se refieran a materias de prevenci�n de riesgos laborales, que quedar�n encuadradas en el apartado 2 de este art�culo, as� como las infracciones por obstrucci�n se sancionar�n:

  • a) Las leves, en su grado m�nimo, con multas de 70 a 150 euros; en su grado medio, de 151 a 370 euros; y en su grado m�ximo, de 371 a 750 euros.
  • b) Las graves con multa, en su grado m�nimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado m�ximo de 3.751 a 7.500 euros.
  • c) Las muy graves con multa, en su grado m�nimo, de 7.501 a 30.000 euros; en su grado medio de 30.001 a 120.005 euros; y en su grado m�ximo de 120.006 euros a 225.018 euros.
  • d) Las infracciones se�aladas en los art�culos 22.3, 23.1.b) y 23.1.k) se sancionar�n:
    • 1.� La infracci�n grave del art�culo 22.3 se sancionar� con la multa siguiente: en su grado m�nimo, con multa del 50 al 65 por ciento del importe de las cuotas de Seguridad Social y dem�s conceptos de recaudaci�n conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 65,01 al 80 por ciento; y en su grado m�ximo, con multa del 80,01 al 100 por ciento.
    • 2.� La infracci�n muy grave del art�culo 23.1.b) se sancionar� con la multa siguiente: en su grado m�nimo, con multa del 100,01 al 115 por ciento del importe de las cuotas de Seguridad Social y dem�s conceptos de recaudaci�n conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 por ciento; y en su grado m�ximo, con multa del 130,01 al 150 por ciento.
    • 3.� La infracci�n muy grave del art�culo 23.1.k) se sancionar� con la multa siguiente: en su grado m�nimo, con multa del 100,01 al 115 por ciento del importe de las cuotas de Seguridad Social no ingresadas y descontadas a los trabajadores o del exceso del descuento previsto legalmente, incluyendo recargos, intereses y costas; en su grado medio, con multa del 115,01 al 130 por ciento; y en su grado m�ximo, con multa del 130,01 al 150 por ciento.
  • e) Las infracciones se�aladas en los art�culos 22.2, 22.7 a), 22.16 y 23.1.a) se sancionar�n:
    • 1.� La infracci�n grave de los art�culos 22.2, 22.7 a) y 22.16 se sancionar� con la multa siguiente: en su grado m�nimo, de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 7.501 a 9.600 euros y, en su grado m�ximo, de 9.601 a 12.000 euros.
    • 2.� La infracci�n muy grave del art�culo 23.1.a) se sancionar� con la multa siguiente: en su grado m�nimo, de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 120.005 euros y, en su grado m�ximo, de 120.006 a 225.018 euros.
      No obstante, cuando con ocasi�n de una misma actuaci�n de inspecci�n se detecten varias infracciones de las contempladas en este apartado, la sanci�n que en su caso se proponga para cada una de ellas, graduada conforme a los criterios contenidos en el art�culo 39.2 que procedan, se incrementar� en:
      Un 20 por ciento en cada infracci�n cuando se trate de dos trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
      Un 30 por ciento en cada infracci�n cuando se trate de tres trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
      Un 40 por ciento en cada infracci�n cuando se trate de cuatro trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
      Un 50 por ciento en cada infracci�n cuando se trate de cinco o m�s trabajadores, beneficiarios o solicitantes.
      En ning�n caso, la cuant�a correspondiente a la infracci�n prevista en el art�culo 22.2 podr� exceder de 12.000 euros, ni la prevista en el art�culo 23.1.a) podr� exceder de 225.018 euros para cada una de las infracciones.
  • f) Cuando la actuaci�n inspectora de la que se derive la obstrucci�n fuera dirigida a la comprobaci�n de la situaci�n de alta de los trabajadores que presten servicios en una empresa y el incumplimiento de las obligaciones del empresario pudiera dar lugar a la comisi�n de las infracciones tipificadas en los art�culos 22.2 y 23.1.a), las infracciones por obstrucci�n se sancionar�n:
    • 1.� Las calificadas como graves: en su grado m�nimo, con multa de 3.750 a 7.500 euros; en su grado medio, de 7.501 a 9.600 euros y, en su grado m�ximo, de 9.601 a 12.000 euros.
    • 2.� Las calificadas como muy graves: en su grado m�nimo, con una multa de 12.001 a 30.000 euros; en su grado medio, de 30.001 a 120.005 euros y, en su grado m�ximo, de 120.006 a 225.018 euros.

    Las sanciones impuestas por las infracciones muy graves tipificadas en las letras d), e) y f) del apartado 1 del art�culo 16, y en las letras a) y h) del apartado 1 del art�culo 23, as� como las sanciones por obstrucci�n calificadas como muy graves en el p�rrafo anterior, una vez firmes, se har�n p�blicas en la forma que se prevea reglamentariamente.

2. Las infracciones en materia de prevenci�n de riesgos laborales se sancionar�n:

  • a) Las leves, en su grado m�nimo, con multa de 45 a 485 euros; en su grado medio, de 486 a 975 euros; y en su grado m�ximo, de 976 a 2.450 euros.
  • b) Las graves con multa, en su grado m�nimo, de 2.451 a 9.830 euros; en su grado medio, de 9.831 a 24.585 euros; y en su grado m�ximo, de 24.586 a 49.180 euros.
  • c) Las muy graves con multa, en su grado m�nimo, de 49.181 a 196.745 euros; en su grado medio, de 196.746 a 491.865 euros; y en su grado m�ximo, de 491.866 a 983.736 euros.

Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se har�n p�blicas en la forma que se determine reglamentariamente.

Las infracciones, por faltas graves y muy graves de las entidades especializadas que act�en como servicios de prevenci�n ajenos a las empresas, de las personas o entidades que desarrollen la actividad de auditor�a del sistema de prevenci�n de las empresas y de las entidades acreditadas para desarrollar o certificar la formaci�n en materia de prevenci�n de riesgos laborales, podr�n dar lugar, adem�s de a las multas previstas en este art�culo, a la cancelaci�n de la acreditaci�n otorgada por la autoridad laboral.

3. Las sanciones en materia de Seguridad Social cuando se deriven de actas de infracci�n y liquidaci�n que se refieran a los mismos hechos y se practiquen simult�neamente, se reducir�n autom�ticamente al 50 por ciento de su cuant�a si el sujeto infractor manifiesta su conformidad con la liquidaci�n practicada, ingresando su importe en el plazo procedente. Esta reducci�n autom�tica solo podr� aplicarse en el supuesto de que la cuant�a de la liquidaci�n supere la de la sanci�n propuesta inicialmente.

4. Las infracciones en materia de cooperativas se sancionar�n:

  • a) Las leves, con multa de 450 a 905 euros.
  • b) Las graves, con multa de 906 a 4.545 euros.
  • c) Las muy graves, con multa de 4.546 a 45.504 euros.�
LE0000055513_20240523Ir a Norma afectada

Disposici�n final segunda Modificaci�n de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci�n social

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci�n social queda modificada del siguiente modo:

  • Uno. Se modifica el t�tulo de la secci�n 4.� del cap�tulo V del T�tulo II del libro segundo, con la siguiente redacci�n:

    �Secci�n 4
    Movilidad geogr�fica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, trabajo a distancia, suspensi�n del contrato y reducci�n de jornada por causas econ�micas, t�cnicas, organizativas o de producci�n o derivadas de fuerza mayor

    LE0000462763_20240320Ir a Norma afectada
  • Dos. Se incorpora un nuevo art�culo 138 bis, con la siguiente redacci�n:

    �Art�culo 138 bis Tramitaci�n en reclamaciones sobre acceso, reversi�n y modificaci�n del trabajo a distancia

    1. El procedimiento para las reclamaciones sobre acceso, reversi�n y modificaci�n del trabajo a distancia se regir� por las siguientes reglas:

    • a) La persona trabajadora dispondr� de un plazo de veinte d�as h�biles, a partir de que la empresa le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada por la persona trabajadora, para presentar demanda ante el Juzgado de lo Social.
    • b) El �rgano jurisdiccional podr� recabar informe urgente de la Inspecci�n de Trabajo y Seguridad Social, remiti�ndole copia de la demanda y documentos que la acompa�en. El informe versar� sobre la negativa o la disconformidad comunicada por la empresa respecto de la propuesta realizada por la persona trabajadora y dem�s circunstancias concurrentes.
    • c) El procedimiento ser� urgente y se le dar� tramitaci�n preferente. El acto de la vista habr� de se�alarse dentro de los cinco d�as siguientes al de la admisi�n de la demanda. La sentencia se dictar� en el plazo de tres d�as. Contra la misma no proceder� recurso, salvo cuando se haya acumulado pretensi�n de resarcimiento de perjuicios que por su cuant�a pudiera dar lugar a recurso de suplicaci�n, en cuyo caso el pronunciamiento ser� ejecutivo desde que se dicte la sentencia.

    2. Cuando la causa de la reclamaci�n en materia de trabajo a distancia est� relacionada con el ejercicio de los derechos de conciliaci�n de la vida personal, familiar y laboral, reconocidos legal o convencionalmente, se regir� por el procedimiento establecido en el art�culo 139.�

    LE0000462763_20240320Ir a Norma afectada

Disposici�n final tercera Modificaci�n del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre

El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado del siguiente modo:

  • Uno. Se modifica el art�culo 13 que queda redactado como sigue:

    �Art�culo 13 Trabajo a distancia

    Las personas trabajadoras podr�n prestar trabajo a distancia en los t�rminos previstos en la Ley 10/2021 de trabajo a distancia.�

    LE0000561075_20240523Ir a Norma afectada
  • Dos. Se modifica la letra a) del apartado 1 del art�culo 23 con la siguiente redacci�n:
    • �a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a ex�menes, as� como a una preferencia a elegir turno de trabajo y a acceder al trabajo a distancia, si tal es el r�gimen instaurado en la empresa, y el puesto o funciones son compatibles con esta forma de realizaci�n del trabajo, cuando curse con regularidad estudios para la obtenci�n de un t�tulo acad�mico o profesional.�
    LE0000561075_20240523Ir a Norma afectada
  • Tres. Se modifica el apartado 8 del art�culo 37 con la siguiente redacci�n:

    �8. Las personas trabajadoras que tengan la consideraci�n de v�ctimas de violencia de g�nero o de v�ctimas del terrorismo tendr�n derecho, para hacer efectiva su protecci�n o su derecho a la asistencia social integral, a la reducci�n de la jornada de trabajo con disminuci�n proporcional del salario o a la reordenaci�n del tiempo de trabajo, a trav�s de la adaptaci�n del horario, de la aplicaci�n del horario flexible o de otras formas de ordenaci�n del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa. Tambi�n tendr�n derecho a realizar su trabajo total o parcialmente a distancia o a dejar de hacerlo si este fuera el sistema establecido, siempre en ambos casos que esta modalidad de prestaci�n de servicios sea compatible con el puesto y funciones desarrolladas por la persona.

    Estos derechos se podr�n ejercitar en los t�rminos que para estos supuestos concretos se establezcan en los convenios colectivos o en los acuerdos entre la empresa y los representantes legales de las personas trabajadoras, o conforme al acuerdo entre la empresa y las personas trabajadoras afectadas. En su defecto, la concreci�n de estos derechos corresponder� a estas, siendo de aplicaci�n las reglas establecidas en el apartado anterior, incluidas las relativas a la resoluci�n de discrepancias.�

    LE0000561075_20240523Ir a Norma afectada

Disposici�n final cuarta Modificaci�n de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida se a�ade un nuevo p�rrafo h), al apartado 2 del art�culo 54 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, con la siguiente redacci�n:

  • �h) Los destinados al sistema de protecci�n por cese de actividad.�
LE0000194877_20230101Ir a Norma afectada

Disposici�n final quinta Modificaci�n de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr�nica

Se a�ade un nuevo apartado 6 al art�culo 13 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electr�nica, con el siguiente tenor:

�6. Por Orden de la persona titular del Ministerio de Asuntos Econ�micos y Transformaci�n Digital se determinar�n las condiciones y requisitos t�cnicos aplicables a la verificaci�n de la identidad y, si procede, otros atributos espec�ficos de la persona solicitante de un certificado cualificado, mediante otros m�todos de identificaci�n que aporten una seguridad equivalente en t�rminos de fiabilidad a la presencia f�sica.�

LE0000195713_20200923Ir a Norma afectada

Disposici�n final sexta Modificaci�n de la disposici�n transitoria primera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci�n del juego

Se modifica el primer p�rrafo de la disposici�n transitoria primera de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci�n del juego, que queda redactado del siguiente modo:

�Las competencias previstas para la Comisi�n Nacional del Juego ser�n ejercidas por la Direcci�n General de Ordenaci�n del Juego del Ministerio de Consumo, salvo las relacionadas con la gesti�n y recaudaci�n de las tasas a las que se refiere el art�culo 49 de esta Ley, que ser�n ejercidas por la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria.�

LE0000454311_20230101Ir a Norma afectada

Disposici�n final s�ptima Modificaci�n de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci�n de la Comisi�n Nacional de los Mercados y de la Competencia

La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creaci�n de la Comisi�n Nacional de los Mercados y de la Competencia, queda modificada como sigue:

  • Uno. El apartado 3 de la disposici�n adicional segunda, queda redactado del siguiente modo:

    �3. Las referencias contenidas en cualquier norma del ordenamiento jur�dico a la Comisi�n Nacional del Juego se entender�n realizadas a la Direcci�n General de Ordenaci�n del Juego del Ministerio de Consumo que la sustituye y asume sus competencias, en los t�rminos previstos en la disposici�n adicional d�cima.�

    LE0000506796_20221221Ir a Norma afectada
  • Dos. La disposici�n adicional d�cima queda redactada del siguiente modo:

    �Disposici�n adicional d�cima Funciones que asumen la Direcci�n General de Ordenaci�n del Juego del Ministerio de Consumo y la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria en materia de juego

    La Direcci�n General de Ordenaci�n del Juego del Ministerio de Consumo asumir� el objeto, funciones y competencias que la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulaci�n del juego, atribuye a la extinta Comisi�n Nacional del Juego, salvo las relacionadas con la gesti�n y recaudaci�n de las tasas a las que se refiere el art�culo 49 de dicha ley, que ser�n ejercidas por la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria.�

    LE0000506796_20221221Ir a Norma afectada

Disposici�n final octava Modificaci�n de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario

Se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, para a�adir una nueva disposici�n adicional vig�sima primera del siguiente tenor:

�Disposici�n adicional vig�sima primera Exenciones en materia operacional ferroviaria en situaciones de emergencia

Se habilita a la persona titular de la Direcci�n de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, en el marco de sus competencias, para conceder de oficio a los titulares o solicitantes de licencias, certificados, habilitaciones o autorizaciones, exenciones espec�ficas al cumplimiento de la normativa aplicable en materia operacional ferroviaria en los �mbitos no regulados por la normativa de la Uni�n Europea, cuando se produzcan circunstancias urgentes imprevistas o necesidades operativas urgentes, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:

  • a) Que no sea posible hacer frente a esas circunstancias o necesidades de forma adecuada cumpliendo los requisitos aplicables;
  • b) Que se garantice la seguridad en caso necesario mediante la aplicaci�n de las correspondientes medidas de mitigaci�n;
  • c) Que se mitigue cualquier posible distorsi�n de las condiciones del mercado como consecuencia de la concesi�n de la exenci�n en la medida de lo posible;
  • d) Que el alcance y la duraci�n de la exenci�n est�n limitados a lo que resulte estrictamente necesario y que esta se aplique sin ocasionar discriminaci�n.

Asimismo, dichas exenciones se podr�n emitir, si se cumplen todas las condiciones mencionadas en el p�rrafo anterior, previa solicitud de los interesados en la que se motive adecuadamente su cumplimiento, se especifiquen las circunstancias urgentes imprevistas o las necesidades operativas urgentes y que incluya, por parte del solicitante, las medidas de mitigaci�n que permitan establecer un nivel de seguridad operacional equivalente.�

LE0000559799_20221221Ir a Norma afectada

Disposici�n final novena Modificaci�n de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com�n de las Administraciones P�blicas

Se modifica la disposici�n final s�ptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com�n de las Administraciones P�blicas, que queda redactada como sigue:

�Disposici�n final s�ptima Entrada en vigor

La presente Ley entrar� en vigor al a�o de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�.

No obstante, las previsiones relativas al registro electr�nico de apoderamientos, registro electr�nico, registro de empleados p�blicos habilitados, punto de acceso general electr�nico de la Administraci�n y archivo �nico electr�nico producir�n efectos a partir del d�a 2 de abril de 2021.�

LE0000559951_20221020Ir a Norma afectada

Disposici�n final d�cima Modificaci�n del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el �mbito econ�mico y para la protecci�n de la salud p�blica

El art�culo quinto del Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en el �mbito econ�mico y para la protecci�n de la salud p�blica, queda redactado en los siguientes t�rminos:

�Art�culo quinto Consideraci�n excepcional como situaci�n asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento, contagio o restricci�n en las salidas del municipio donde tengan el domicilio o su centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19

1. Al objeto de proteger la salud p�blica, se considerar�n, con car�cter excepcional, situaci�n asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestaci�n econ�mica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocados por el virus COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contra�do con causa exclusiva en la realizaci�n del trabajo en los t�rminos que se�ala el art�culo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en cuyo caso ser� calificada como accidente de trabajo.

Con el mismo car�cter excepcional, con efectos desde el inicio de la situaci�n de restricci�n de la salida o entrada a un municipio, y mediante el correspondiente parte de baja, se extender� esta protecci�n a aquellos trabajadores que se vean obligados a desplazarse de localidad para prestar servicios en las actividades no afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gesti�n de la situaci�n de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, siempre que por la autoridad competente se haya acordado restringir la salida, o la entrada, de personas del municipio donde dichos trabajadores tengan su domicilio, o donde la empresa tenga su centro de trabajo en el caso de que el trabajador tenga su domicilio en otro municipio, y les haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no puedan realizar su trabajo de forma telem�tica por causas no imputables a la empresa para la que prestan sus servicios o al propio trabajador y no tengan derecho a percibir ninguna otra prestaci�n p�blica.

La acreditaci�n del acuerdo de restricci�n de la poblaci�n donde el trabajador tiene su domicilio o la empresa su centro de trabajo, y la denegaci�n de la posibilidad de desplazamiento se realizar� mediante certificaci�n expedida por el ayuntamiento del domicilio o, en su caso, por el del centro de trabajo afectado por la restricci�n ante el correspondiente �rgano del servicio p�blico de salud.

De igual forma, la imposibilidad de realizaci�n del trabajo de forma telem�tica se acreditar� mediante una certificaci�n de la empresa o una declaraci�n responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo �rgano del servicio p�blico de salud.

En el supuesto de trabajadores por cuenta ajena que tuvieran el domicilio en distinto municipio al del centro de trabajo, adem�s de lo previsto en el p�rrafo anterior, se requerir� acreditar:

  • a) El domicilio del trabajador mediante el correspondiente certificado de empadronamiento.
  • b) Que el trabajador desarrolla su trabajo en el centro sito en el municipio afectado por la restricci�n, mediante la correspondiente certificaci�n de la empresa.
  • c) Que la empresa no ha procedido al cierre del centro de trabajo, mediante la correspondiente certificaci�n de la empresa.

2. La duraci�n de esta prestaci�n excepcional vendr� determinada por el parte de baja y la correspondiente alta.

Siempre que por la autoridad competente se haya acordado, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, restringir las salidas o las entradas del municipio donde tengan el domicilio o en el que tenga el centro de trabajo la empresa en que prestan sus servicios, de tratarse de las personas trabajadoras por cuenta ajena a las que se refiere el art�culo 1 del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la poblaci�n en el contexto de la lucha contra el COVID-19, se expedir� un parte de baja con efectos desde la fecha de inicio de la restricci�n y un parte de alta con efectos de 29 de marzo de 2020.

De tratarse de trabajadores por cuenta propia o aut�nomos, cuando la restricci�n adoptada con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, restringiera su salida del municipio donde tengan su domicilio o, teniendo su domicilio en otro, vieran restringida la entrada en el municipio impidi�ndoles totalmente la realizaci�n de su actividad, el derecho a la prestaci�n comenzar� con el parte de baja desde la fecha de inicio de la restricci�n y durar� hasta la fecha de finalizaci�n de la misma, no pudiendo, en ning�n caso, durar m�s all� de la fecha de finalizaci�n del estado de alarma.

Este subsidio por incapacidad temporal es incompatible con los salarios que se hubieren percibido as� como con el derecho a cualquier otra prestaci�n econ�mica de la Seguridad Social, incluida la incapacidad temporal por contingencias comunes o profesionales. En estos supuestos se percibir� la prestaci�n de la Seguridad Social distinta al subsidio previsto en el presente art�culo.

A efectos de lo previsto en el p�rrafo anterior, el trabajador deber� presentar ante el correspondiente �rgano del servicio p�blico de salud, certificaci�n de la empresa acreditativa de la no percepci�n de salarios.

3. Podr� causar derecho a esta prestaci�n la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situaci�n de alta en cualquiera de los reg�menes de Seguridad Social.

4. La fecha hecho causante ser� la fecha en la que se acuerde el aislamiento, restricci�n o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.�

LE0000661498_20210711Ir a Norma afectada

Disposici�n final und�cima Modificaci�n del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso m�nimo vital

Uno. Se modifican los apartados 1 y 2 del art�culo 7, que pasan a tener la siguiente redacci�n:

�Art�culo 7 Requisitos de acceso

1. Todas las personas beneficiarias, est�n o no integradas en una unidad de convivencia, deber�n cumplir los siguientes requisitos:

  • a) Tener residencia legal y efectiva en Espa�a y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el a�o inmediatamente anterior a la fecha de presentaci�n de la solicitud. No se exigir� este plazo respecto de:
    • 1.� Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopci�n, guarda con fines de adopci�n o acogimiento familiar permanente.
    • 2.� Las personas v�ctimas de trata de seres humanos y de explotaci�n sexual.
    • 3.� Las mujeres v�ctimas de violencia de g�nero.

    A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestaci�n, se entender� que una persona tiene su residencia habitual en Espa�a aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa d�as naturales a lo largo de cada a�o natural o cuando la ausencia del territorio espa�ol est� motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.
  • b) Encontrarse en situaci�n de vulnerabilidad econ�mica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes, en los t�rminos establecidos en el art�culo 8.
  • c) Haber solicitado las pensiones y prestaciones p�blicas vigentes que se determinen reglamentariamente, a las que pudieran tener derecho. En todo caso, quedan exceptuados los salarios sociales, rentas m�nimas de inserci�n o ayudas an�logas de asistencia social concedidas por las comunidades aut�nomas.

2. Las personas beneficiarias a las que se refiere el art�culo 4.1.b), que sean menores de 30 a�os en la fecha de la solicitud, deber�n haber tenido residencia legal y efectiva en Espa�a, y haber vivido de forma independiente, durante al menos los tres a�os inmediatamente anteriores a la indicada fecha.

Se entender� que una persona ha vivido de forma independiente siempre que acredite que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los tres a�os inmediatamente anteriores a la solicitud, y en dicho periodo hubiere permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, en situaci�n de alta en cualquiera de los reg�menes que integran el sistema de la Seguridad Social, incluido el de Clases Pasivas del Estado, o en una mutualidad de previsi�n social alternativa al R�gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Aut�nomos.

Este requisito no se exigir� a las personas que por ser v�ctimas de violencia de g�nero hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los tr�mites de separaci�n o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.�

LE0000666604_20210929Ir a Norma afectada

Dos. Se modifican los apartados 4, 5, 6 y 7, y se introduce un nuevo apartado 8 en el art�culo 19, con la siguiente redacci�n:

�4. La existencia de la unidad de convivencia se acreditar� con el libro de familia, certificado del registro civil, y con los datos obrantes en los Padrones municipales relativos a los inscritos en la misma vivienda. A estos efectos el Instituto Nacional de la Seguridad Social tendr� acceso a la base de datos de coordinaci�n de los Padrones municipales del Instituto Nacional de Estad�stica para la confirmaci�n de los requisitos exigidos.

No obstante, cuando de la misma no pueda deducirse la coincidencia con los datos que se hayan hecho constar en la solicitud de la prestaci�n se solicitar� la aportaci�n del correspondiente certificado de empadronamiento, hist�rico y colectivo del periodo requerido en cada supuesto, referidos a los domicilios donde residen o han residido los miembros de la unidad de convivencia, expedido por el Ayuntamiento en virtud de lo establecido en el art�culo 83.3 del Reglamento de Poblaci�n y Demarcaci�n Territorial de las Entidades Locales.

Tanto los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estad�stica como, en su caso, el certificado de empadronamiento citado, servir�n igualmente para acreditar la existencia de la unidad de convivencia a que se refiere el art�culo 6.2.c) o de que el solicitante a que se refiere el art�culo 4.1.b) vive solo o compartiendo domicilio con una unidad de convivencia de la que no forma parte.

A los efectos de los datos relativos al Padr�n municipal de conformidad con lo previsto en los p�rrafos anteriores, no se requerir� el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.

La existencia de pareja de hecho se acreditar� mediante certificaci�n de la inscripci�n en alguno de los registros espec�ficos existentes en las comunidades aut�nomas o ayuntamientos del lugar de residencia o documento p�blico en el que conste la constituci�n de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripci�n como la formalizaci�n del correspondiente documento p�blico deber�n haberse producido con una antelaci�n m�nima de dos a�os con respecto a la fecha de la solicitud de la prestaci�n.

El inicio de los tr�mites de separaci�n o divorcio, o su existencia, se acreditar� con la presentaci�n de la demanda o con la correspondiente resoluci�n judicial.

5. La acreditaci�n de haber vivido de forma independiente respecto a los progenitores, tutores o acogedores, durante al menos tres a�os conforme lo previsto en el art�culo 7.2, se efectuar� mediante los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estad�stica o, en su caso, el certificado de empadronamiento hist�rico y colectivo en el que consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante durante dicho periodo, de conformidad con lo previsto en el apartado 4.

A los efectos de los datos relativos al padr�n municipal de conformidad con lo previsto en el apartado anterior, no se requerir� el consentimiento de las personas empadronadas en el domicilio del solicitante.

6. La condici�n de v�ctima de violencia de g�nero se acreditar� por cualquiera de los medios establecidos en el art�culo 23 de la Ley Org�nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protecci�n Integral contra la Violencia de G�nero.

La condici�n de v�ctima de trata de seres humanos y de explotaci�n sexual se acreditar� a trav�s de un informe emitido por los servicios p�blicos encargados de la atenci�n integral a estas v�ctimas o por los servicios sociales, as� como por cualquier otro medio de acreditaci�n que se determine reglamentariamente.

7. Los requisitos de ingresos y patrimonio establecidos en el presente real decreto-ley, para el acceso y mantenimiento de la prestaci�n econ�mica de ingreso m�nimo vital, se realizar� por la entidad gestora conforme a la informaci�n que se recabe por medios telem�ticos de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios hist�ricos del Pa�s Vasco. A tales efectos, se tomar� como referencia la informaci�n que conste en esas Haciendas P�blicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la informaci�n que conste m�s actualizada en dichas administraciones p�blicas.

En su solicitud, cada interesado autorizar� expresamente a la administraci�n que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, de los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas, de la Hacienda Foral de Navarra o diputaciones forales del Pa�s Vasco y de la Direcci�n General del Catastro Inmobiliario, conforme al art�culo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.

Lo dispuesto en el p�rrafo anterior se entiende sin perjuicio de la cesi�n de datos tributarios legalmente prevista con ocasi�n de la colaboraci�n en el descubrimiento de fraudes en la obtenci�n y disfrute de prestaciones a la Seguridad Social en el apartado 1.c) del citado art�culo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria o, en su caso, en la normativa foral aplicable.

8. En ning�n caso ser� exigible al solicitante la acreditaci�n de hechos, datos o circunstancias que la Administraci�n de la Seguridad Social deba conocer por s� misma, tales como la situaci�n del beneficiario en relaci�n con el sistema de la Seguridad Social; o la percepci�n por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestaci�n econ�mica que conste en el Registro de Prestaciones Sociales P�blicas.�

LE0000666604_20210929Ir a Norma afectada

Tres. Se modifica el art�culo 25 que pasa a tener la siguiente redacci�n:

�Art�culo 25 Tramitaci�n

1. Una vez recibida la solicitud de la prestaci�n, el �rgano competente, con car�cter previo a la admisi�n de la misma, proceder� a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en funci�n de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad previsto en el art�culo 7.1.b).

Frente a la resoluci�n de inadmisi�n, que deber� ser dictada en el plazo de 30 d�as, se podr� interponer reclamaci�n administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicci�n social, y cuyo objeto se limitar� a conocer sobre la causa de inadmisi�n.

La admisi�n de la solicitud no obstar� a su desestimaci�n si, durante la instrucci�n del procedimiento, la entidad gestora efectuara nuevas comprobaciones que determinaran el incumplimiento del requisito de vulnerabilidad previsto en el art�culo 7.1.b).

2. Admitida a tr�mite la solicitud, proceder� iniciar la instrucci�n del procedimiento administrativo en orden a comprobar el cumplimiento de los requisitos determinantes del reconocimiento de la prestaci�n.

3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social proceder� a dictar resoluci�n, y a notificar la misma a la persona solicitante, en el plazo m�ximo de seis meses desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera notificado resoluci�n expresa, se entender� desestimada.

En el supuesto de personas sin domicilio empadronadas al amparo de lo previsto en las correspondientes instrucciones t�cnicas a los Ayuntamientos sobre la gesti�n del Padr�n municipal, las notificaciones ser�n efectuadas en los servicios sociales del municipio o, en su caso, en la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren empadronadas.

4. En el supuesto de que con posterioridad a la solicitud el interesado no hubiera aportado la documentaci�n a que se hubiera obligado en la declaraci�n responsable prevista en el art�culo 24.2, con car�cter previo a dictar resoluci�n la entidad gestora le requerir� a tal efecto. En este caso, quedar� suspendido el procedimiento durante el plazo m�ximo de tres meses. Si transcurrido dicho plazo no hubiere presentado la documentaci�n requerida, se producir� la caducidad del procedimiento.�

LE0000666604_20210929Ir a Norma afectada

Cuatro. Se modifica el art�culo 33, que pasa a tener la siguiente redacci�n:

�Art�culo 33 Obligaciones de las personas beneficiarias

1. Las personas titulares del ingreso m�nimo vital estar�n sujetas durante el tiempo de percepci�n de la prestaci�n a las siguientes obligaciones:

  • a) Proporcionar la documentaci�n e informaci�n precisa en orden a la acreditaci�n de los requisitos y la conservaci�n de la prestaci�n, as� como para garantizar la recepci�n de notificaciones y comunicaciones.
  • b) Comunicar cualquier cambio o situaci�n que pudiera dar lugar a la modificaci�n, suspensi�n o extinci�n de la prestaci�n, en el plazo de treinta d�as naturales desde que estos se produzcan.
  • c) Comunicar cualquier cambio de domicilio o de situaci�n en el Padr�n municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de treinta d�as naturales desde que se produzcan.
  • d) Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas.
  • e) Comunicar a la entidad gestora, con car�cter previo, las salidas al extranjero, tanto del titular como de los miembros de la unidad de convivencia, por un periodo, continuado o no, superior a noventa d�as naturales durante cada a�o natural, as� como, en su caso, justificar la ausencia del territorio espa�ol de conformidad con lo previsto en el �ltimo p�rrafo del art�culo 7.1.a).
  • f) Presentar anualmente declaraci�n correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas.
  • g) Si no est�n trabajando y son personas mayores de edad o menores emancipadas, acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la notificaci�n de la resoluci�n por la que se concede la prestaci�n, que figuran inscritas como demandantes de empleo, salvo en los siguientes supuestos:
    • 1.� Estar cursando estudios reglados y ser menor de 28 a�os. En su caso, el plazo de seis meses para acreditar la inscripci�n como demandante de empleo se iniciar� en la fecha en que el beneficiario cumpla 28 a�os de edad.
    • 2.� Tener suscrito el convenio especial regulado en el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situaci�n de dependencia.
    • 3.� Estar percibiendo una pensi�n contributiva de incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez, una pensi�n de invalidez no contributiva o una pensi�n de jubilaci�n contributiva o haber cumplido los 65 a�os de edad.
    • 4.� Estar afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.
    • 5.� Tener reconocida una situaci�n de dependencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoci�n de la Autonom�a Personal y Atenci�n a las personas en situaci�n de dependencia.

    La situaci�n de demandante de empleo quedar� acreditada con el documento expedido al efecto por la administraci�n competente o mediante el acceso por parte de la entidad gestora a trav�s de los medios electr�nicos habilitados al efecto.
  • h) En caso de compatibilizar la prestaci�n del ingreso m�nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ�mica conforme con lo previsto en el art�culo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
  • i) Participar en las estrategias de inclusi�n que promueva el Ministerio de Inclusi�n, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el art�culo 28.1, en los t�rminos que se establezcan.
  • j) Cualquier otra obligaci�n que pueda establecerse reglamentariamente.

2. Las personas integrantes de la unidad de convivencia estar�n obligadas a:

  • a) Comunicar el fallecimiento del titular.
  • b) Poner en conocimiento de la administraci�n cualquier hecho que distorsione el fin de la prestaci�n otorgada.
  • c) Presentar anualmente declaraci�n correspondiente al Impuesto sobre la Renta de las Personas F�sicas.
  • d) Cumplir las obligaciones que el apartado anterior impone al titular y este, cualquiera que sea el motivo, no lleva a cabo.
  • e) Si no est�n trabajando y son mayores de edad o menores emancipados, acreditar, dentro de los seis meses siguientes a la notificaci�n de la resoluci�n por la que se concede la prestaci�n, que figuran inscritas como demandantes de empleo, con las mismas salvedades y modo de acreditaci�n que las se�aladas en el apartado anterior para las personas titulares.
  • f) En caso de compatibilizar la prestaci�n del ingreso m�nimo vital con las rentas del trabajo o la actividad econ�mica conforme con lo previsto en el art�culo 8.4, cumplir las condiciones establecidas para el acceso y mantenimiento de dicha compatibilidad.
  • g) Participar en las estrategias de inclusi�n que promueva el Ministerio de Inclusi�n, Seguridad Social y Migraciones, previstas en el art�culo 28.1, en los t�rminos que se establezcan.
  • h) Cumplir cualquier otra obligaci�n que pueda establecerse reglamentariamente.�
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Cinco. Se modifica la disposici�n transitoria primera, que pasa a tener la siguiente redacci�n:

�Disposici�n transitoria primera Prestaciones econ�micas transitorias de ingreso m�nimo vital hasta el 31 de diciembre de 2021

1. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocer� durante 2020 la prestaci�n transitoria de ingreso m�nimo vital a los actuales beneficiarios de la asignaci�n econ�mica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que, a fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, re�nan los requisitos que se exponen en los apartados siguientes, siempre que el importe de la prestaci�n transitoria de ingreso m�nimo vital sea igual o superior al importe de la asignaci�n econ�mica que viniera percibiendo.

2. Los requisitos para percibir la prestaci�n transitoria ser�n los siguientes:

  • a) Ser beneficiario de la asignaci�n econ�mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
  • b) Formar parte de una unidad de convivencia constituida exclusivamente por el beneficiario de una asignaci�n econ�mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignaci�n por hijo a cargo.
  • c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situaci�n de vulnerabilidad econ�mica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los t�rminos establecidos en el art�culo 8 del presente real decreto-ley.
  • d) Que la asignaci�n econ�mica que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestaci�n de ingreso m�nimo vital.

3. El Instituto Nacional de la Seguridad Social reconocer�, asimismo, la prestaci�n transitoria de ingreso m�nimo vital, cuando concurran los siguientes requisitos:

  • a) Ser beneficiario de la asignaci�n econ�mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.
  • b) Cuando el n�mero total de convivientes que consta en las bases de datos de poblaci�n disponible que el Instituto Nacional de Estad�stica cede peri�dicamente a dicha Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria para fines de estudio y an�lisis, sea mayor que el n�mero de integrantes de la unidad de convivencia prevista en el apartado 2.b), a los exclusivos efectos de lo previsto en el presente apartado 3, la unidad de convivencia estar� constituida �nicamente por el beneficiario de una asignaci�n econ�mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, el otro progenitor en caso de convivencia, y los hijos o menores a cargo causantes de dicha asignaci�n por hijo a cargo.
  • c) Encontrarse la unidad de convivencia referida en el apartado anterior, en situaci�n de vulnerabilidad econ�mica por carecer de patrimonio, rentas o ingresos suficientes, en los t�rminos establecidos en el art�culo 8 del presente real decreto-ley.
    Siempre que, adem�s, la suma de las rentas e ingresos del total de convivientes no supere la cuant�a mensual de la renta garantizada que les corresponder�a en el caso de que de constituyeran una unidad de convivencia, en los t�rminos establecidos en el presente Real Decreto-ley.
  • d) Que la asignaci�n econ�mica por hijo o menor a cargo del sistema de la Seguridad Social que se perciba, o la suma de todas ellas en el supuesto que sean varias las asignaciones, sea inferior al importe de la prestaci�n transitoria establecida en este apartado.

4. A los exclusivos efectos de la comprobaci�n del cumplimiento de lo previsto en la letra b) del apartado 2 y en la letra b) y segundo p�rrafo de la c) del apartado 3, la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria, previa autorizaci�n del Instituto Nacional de Estad�stica, ceder�, sin consentimiento de los interesados, la informaci�n relativa a la agrupaci�n de las personas en los hogares que consta en las bases de datos de poblaci�n disponible que el Instituto Nacional de Estad�stica cede peri�dicamente a dicha Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria para fines de estudio y an�lisis. Dicha informaci�n solo ser� utilizada por la Secretar�a General de Objetivos y Pol�ticas de Inclusi�n y Previsi�n Social del Ministerio de Inclusi�n, Seguridad Social y Migraciones, para realizar las actuaciones necesarias que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso m�nimo vital en los t�rminos establecidos en esta disposici�n transitoria.

5. A los exclusivos efectos de la comprobaci�n del cumplimiento de lo establecido en los apartados 2.c) y 3.c) el Instituto Nacional de la Seguridad Social solicitar� a la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y esta le remitir� la informaci�n estrictamente necesaria relativa a ingresos y patrimonio de las unidades de convivencia previstas en los apartados 2.b) y 3.b), que permitan determinar los beneficiarios con derecho a prestaciones de ingreso m�nimo vital en los t�rminos establecidos en esta disposici�n transitoria. Dicha informaci�n solo ser� utilizada para la finalidad indicada y el procedimiento de intercambio de informaci�n entre la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria y el Instituto Nacional de la Seguridad Social sin necesidad de recabar el consentimiento de los interesados.

6. En los supuestos en que las unidades de convivencia descritas en los apartados 2.b) y 3.b) tuvieran su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o la del Pa�s Vasco, la referencia a la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria realizada en el p�rrafo anterior se entender� referida a las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios hist�ricos del Pa�s Vasco, respectivamente. En estos supuestos, el reconocimiento de las prestaciones quedar� supeditada a la remisi�n, por parte de las Haciendas Tributarias forales correspondientes, de la informaci�n necesaria para poder llevarlo a cabo.

7. Las prestaciones transitorias de ingreso m�nimo vital ser�n incompatibles con la asignaci�n econ�mica por hijo o menor a cargo sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento, quedando esta suspendida durante la vigencia de aquellas.

8. El Instituto Nacional de la Seguridad Social notificar� a los beneficiarios que cumplan los requisitos exigidos en los apartados 2 y 3 de esta disposici�n transitoria la resoluci�n en la que se reconozca el derecho a la prestaci�n transitoria correspondiente, y el derecho de opci�n entre el percibo de esta prestaci�n y la asignaci�n econ�mica por hijo o menor a cargo que viniera percibiendo.

9. En el plazo de treinta d�as naturales a contar desde la notificaci�n de la resoluci�n de la prestaci�n transitoria correspondiente, el interesado podr� ejercitar su derecho de opci�n por seguir manteniendo la asignaci�n econ�mica por hijo o menor a cargo. Dicha opci�n surtir� efectos desde la fecha de efectos econ�micos de la prestaci�n transitoria correspondiente, procedi�ndose, en su caso, a la correspondiente regularizaci�n econ�mica.

En el supuesto de que no se ejercite el derecho de opci�n dentro del plazo se�alado se entender� que opta por percibir la prestaci�n transitoria que corresponda.

10. Si, una vez reconocido el derecho a la prestaci�n transitoria, la unidad de convivencia se modificara, se aplicar� lo previsto en el presente real decreto-ley, en cuanto a la obligaci�n de comunicaci�n, cumplimiento de requisitos, y revisi�n de la prestaci�n.

En cualquier caso, la cuant�a de la prestaci�n transitoria se actualizar� con efectos del d�a 1 de enero de 2021, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior. Cuando la variaci�n de los ingresos anuales computables del ejercicio anterior motivara la extinci�n de la prestaci�n, esta surtir� igualmente efectos a partir del d�a 1 de enero del a�o siguiente a aquel al que correspondan dichos ingresos. En otro caso, se reanudar� el percibo de la asignaci�n econ�mica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestaci�n.

El derecho a la prestaci�n transitoria se extinguir� a partir de la fecha de la resoluci�n de la solicitud de la prestaci�n de ingreso m�nimo vital o, en su caso, en la fecha de sus efectos econ�micos si esta fuera posterior. En el supuesto de que la fecha de efectos econ�micos fuera anterior y la cuant�a de la prestaci�n de ingreso m�nimo vital fuera superior a la de la prestaci�n transitoria se proceder�, en su caso, a la correspondiente regularizaci�n.

11. A partir del 1 de enero de 2022 la prestaci�n transitoria devendr� en la prestaci�n de ingreso m�nimo vital, siempre que se re�nan los requisitos establecidos en el presente real decreto-ley y el interesado aporte antes del 31 de diciembre de 2021 la documentaci�n que a tal efecto le sea requerida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Para la determinaci�n de la situaci�n de vulnerabilidad se tendr� en cuenta el patrimonio, renta e ingresos de todos los miembros que integran la unidad de convivencia configurada en los t�rminos previstos en el art�culo 6 de esta norma.

En otro caso, se reanudar� el percibo de la asignaci�n econ�mica por hijo o menor a cargo, siempre que se mantengan los requisitos para ser beneficiario de esta prestaci�n.

12. Los beneficiarios de la asignaci�n econ�mica por hijo o menor a cargo, del sistema de la Seguridad Social, a los que no les hubiera sido notificada la resoluci�n de reconocimiento de ninguna de las prestaciones transitorias, y cumplieran los requisitos previstos en el apartado 2 o 3 de esta disposici�n transitoria, podr�n solicitar su reconocimiento ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social. La prestaci�n se reconocer�, en su caso, con efectos desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley, siempre que se presente hasta el 31 de diciembre de 2020. En otro caso, los efectos econ�micos ser�n del d�a primero del mes siguiente a la presentaci�n de la solicitud.

13. Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social podr�, hasta el 31 de diciembre de 2020, reconocer la prestaci�n de ingreso m�nimo vital a aquellas personas beneficiarias de alguna de las distintas rentas de inserci�n o b�sicas establecidas por las comunidades aut�nomas. Para ello, las comunidades aut�nomas, si han obtenido la conformidad para la remisi�n de los datos de sus beneficiarios al Instituto Nacional de la Seguridad Social a efectos del reconocimiento de la prestaci�n, comunicaran al referido Instituto, a trav�s de los protocolos telem�ticos de intercambio de informaci�n habilitados al efecto, los datos necesarios para la identificaci�n de los potenciales beneficiarios, que deber� incluir un certificado emitido por la correspondiente comunidad aut�noma acreditativo de la constituci�n de una unidad de convivencia conforme establece el art�culo 6 y del cumplimiento de los requisitos a que se refieren los art�culos 4, 5 y el art�culo 7 del presente real decreto-ley; as� como de que se encuentran en su poder toda la documentaci�n que pruebe el cumplimiento de dichos requisitos, a excepci�n de la vulnerabilidad econ�mica a la que se refiere el art�culo 8 del presente real decreto-ley, que ser� analizada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Este certificado ser� suficiente para que dicha entidad gestora considere cumplidos dichos requisitos, sin perjuicio de la obligaci�n de las comunidades aut�nomas de remitir al referido Instituto toda la documentaci�n en el plazo m�ximo de seis meses a contar desde el 1 de enero de 2021 o cuando la solicite para la resoluci�n de cualquier reclamaci�n.

En el supuesto de que se emitiese un certificado conformando la documentaci�n y se reconociese una prestaci�n que, posteriormente, fuera declarada indebida y no fuese posible recuperar el importe abonado, los perjuicios ocasionados ser�n a cargo de la comunidad aut�noma certificadora.

Los expedientes resueltos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social se comunicar�n a las comunidades aut�nomas a trav�s de los protocolos inform�ticos establecidos.

14. Para la aplicaci�n de esta disposici�n se podr�n comenzar a realizar las operaciones t�cnicas necesarias para la puesta en marcha de la prestaci�n desde el 29 de mayo de 2020 de conformidad con lo previsto en el art�culo 11.1 del presente real decreto-ley.�

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Seis. Se modifica la disposici�n transitoria segunda, que pasa a tener la siguiente redacci�n:

�Disposici�n transitoria segunda Presentaci�n de solicitudes

Las solicitudes de acceso a la prestaci�n econ�mica podr�n presentarse a partir del d�a 15 de junio de 2020. Si la solicitud se presenta antes del 1 de enero de 2021, los efectos econ�micos se retrotraer�n al d�a 1 de junio de 2020 siempre que, en esta fecha, se acrediten todos los requisitos para su acceso. En caso de no cumplir los requisitos en la referida fecha los efectos econ�micos se fijar�n el d�a primero del mes siguiente a aquel en que se cumplan los requisitos.

Si la solicitud se presenta despu�s del 31 de diciembre de 2020, los efectos econ�micos se fijar�n el d�a primero del mes siguiente a la presentaci�n de la solicitud, de conformidad con lo previsto en el art�culo 11.1 del presente real decreto-ley.�

LE0000666604_20210929Ir a Norma afectada

Disposici�n final duod�cima Modificaci�n del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivaci�n econ�mica y el empleo

Se modifica el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivaci�n econ�mica y el empleo, en los siguientes t�rminos:

  • Uno. Se modifica el apartado 1 del art�culo 44, que queda redactado como sigue:

    �1. Para la gesti�n de las subvenciones podr�n intervenir una o varias entidades colaboradoras que deber�n cumplir los requisitos y las obligaciones y desempe�ar las funciones establecidas en los art�culos 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y ser� seleccionada con observancia a lo dispuesto en el art�culo 16 de dicha Ley. En caso de seleccionar entidad colaboradora, podr�n actuar como tal �nicamente las entidades p�blicas empresariales y las sociedades mercantiles estatales. La entidad colaboradora entregar� y distribuir� los fondos presupuestarios de los pagos a los beneficiarios.�

    LE0000669877_20220331Ir a Norma afectada
  • Dos. Se modifica el apartado 4 del art�culo 46, que queda redactado como sigue:

    �4. Con posterioridad al dictado de la resoluci�n de concesi�n, se proceder� al pago de la ayuda al beneficiario por una cuant�a que deber� coincidir con el indicado en la solicitud. Los pagos se realizar�n mediante transferencia a una cuenta bancaria indicada por el beneficiario en el cuestionario de solicitud.�

    LE0000669877_20220331Ir a Norma afectada
  • Tres. Se modifica la letra d) del art�culo 47, que queda redactado como sigue:
    • �d) El beneficiario de la ayuda deber� mantener la titularidad del veh�culo y su matriculaci�n en Espa�a al menos durante dos a�os desde el momento de la concesi�n de la subvenci�n, excepto para operaciones de renting, para las que el contrato de arrendamiento deber� establecer una duraci�n m�nima de dos a�os desde la fecha de su entrada en vigor y su formalizaci�n tendr� fecha igual o posterior al 15 de junio de 2020.�
    LE0000669877_20220331Ir a Norma afectada
  • Cuatro. Se modifica la disposici�n adicional primera, que queda redactada como sigue:

    �Se aprueba la concesi�n de un cr�dito extraordinario por importe total de 250 millones de euros en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, distribuido por aplicaciones presupuestarias como se indica:

    20.09.422B.772. ‘‘A empresas privadas. Plan Renove, dentro del Plan de impulso de la cadena de valor de la Industria de la Automoci�n’’. 38 millones de euros.

    20.09.422B.782. ‘‘A familias e instituciones sin fines de lucro. Plan Renove, dentro del Plan de impulso de la cadena de valor de la Industria de la Automoci�n’’. 212 millones de euros.

    La financiaci�n del cr�dito extraordinario se realizar� de conformidad con el art�culo 46 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

    Con la aprobaci�n de este real decreto-ley se otorga la autorizaci�n a que se refiere el art�culo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

    De conformidad con lo dispuesto en el art�culo 58.a) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria los remanentes de cr�dito que, a la finalizaci�n del presente ejercicio, se registren en las dos aplicaciones presupuestarias se�aladas podr�n ser incorporados a los cr�ditos del ejercicio 2021.�

    LE0000669877_20220331Ir a Norma afectada

Disposici�n final decimotercera T�tulo competencial

Esta Ley se aprueba al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.7.� y 13.� de la Constituci�n Espa�ola, que atribuye al Estado las competencias exclusivas en las materias de legislaci�n laboral, as� como de bases y coordinaci�n de la planificaci�n general de la actividad econ�mica.

Disposici�n final decimocuarta Entrada en vigor

Esta Ley entrar� en vigor el d�a siguiente al de su publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado�, excepto el apartado dos de la disposici�n final primera, que modifica el art�culo 40 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que entrar� en vigor el 1 de octubre de 2021.

Por tanto,

Mando a todos los espa�oles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

ANEXO
Relaci�n de bienes a los que se refiere la disposici�n adicional s�ptima

�Nombre del productoDescripci�n del bien/productoC�digo NC
1Dispositivos m�dicos.Respiradores para cuidados intensivos y subintensivos.ex 9019 20 00

Ventiladores (aparatos para la respiraci�n artificial).

Divisores de flujo.

ex 9019 20 00

ex 9019 20

Otros aparatos de oxigenoterapia, incluidas las tiendas de ox�geno.ex 9019 20 00
Oxigenaci�n por membrana extracorp�rea.ex 9019 20 00
2Monitores.Monitores multipar�metro, incluyendo versiones port�tiles.ex 8528 52 91
ex 8528 52 99

ex 8528 59 00

ex 8528 52 10

3Bombas.

– Bombas perist�lticas para nutrici�n externa.

– Bombas infusi�n medicamentos.

– Bombas de succi�n.

ex 9018 90 50
ex 9018 90 84
ex 8413 81 00
Sondas de aspiraci�n.ex 9018 90 50
4Tubos.Tubos endotraqueales.ex 9018 90 60
ex 9019 20 00
Tubos est�riles.

ex 3917 21 10

a ex 3917 39 00

5Cascos.Cascos ventilaci�n mec�nica no invasiva CPAP/NIV.ex 9019 20 00
6Mascarillas para ventilaci�n no invasiva (NIV).Mascarillas de rostro completo y orononasales para ventilaci�n no invasiva.ex 9019 20 00
7Sistemas/m�quinas de succi�n.Sistemas de succi�n.ex 9019 20 00
M�quinas de succi�n el�ctrica.

ex 9019 20 00

ex 8543 70 90

8Humidificadores.Humidificadores.ex 8415
ex 8509 80 00
ex 8479 89 97
9Laringoscopios.Laringoscopios.ex 9018 90 20
10Suministros m�dicos fungibles.

– Kits de intubaci�n.

– Tijeras laparosc�picas.

ex 9018 90
Jeringas, con o sin aguja.ex 9018 31
Agujas met�licas tubulares y agujas para suturas.ex 9018 32
Agujas, cat�teres, c�nulas.ex 9018 39
Kits de acceso vascular.ex 9018 90 84
11Estaciones de monitorizaci�n Aparatos de monitorizaci�n de pacientes – Aparatos de electrodiagn�stico.

Estaciones centrales de monitorizaci�n para cuidados intensivos.

Ox�metros de pulso.

ex 9018 90

ex 9018 19

– Dispositivos de monitorizaci�n de pacientes.

– Aparatos de electrodiagn�stico.

ex 9018 19 10

ex 9018 19 90

12Esc�ner de ultrasonido port�til.Esc�ner de ultrasonido port�til.ex 9018 12 00
13Electrocardi�grafos.Electrocardi�grafos.ex 9018 11 00
14Sistemas de tomograf�a computerizada/esc�neres.Sistemas de tomograf�a computerizada.

ex 9022 12,

ex 9022 14 00

15Mascarillas.

– Mascarillas faciales textiles, sin filtro reemplazable ni piezas mec�nicas, incluidas las mascarillas quir�rgicas y las mascarillas faciales desechables fabricadas con material textil no tejido.

– Mascarillas faciales FFP2 y FFP3.

ex 6307 90 10

ex 6307 90 98

Mascarillas quir�rgicas de papel.ex 4818 90 10
ex 4818 90 90
M�scaras de gas con piezas mec�nicas o filtros reemplazables para la protecci�n contra agentes biol�gicos. Tambi�n incluye m�scaras que incorporen protecci�n ocular o escudos faciales.ex 9020 00 00
16Guantes.Guantes de pl�stico.ex 3926 20 00
Guantes de goma quir�rgicos.4015 11 00
Otros guantes de goma.ex 4015 19 00
Guantes de calceter�a impregnados o cubiertos de pl�stico o goma.ex 6116 10
Guantes textiles distintos a los de calceter�a.ex 6216 00
17Protecciones faciales.

– Protectores faciales desechables y reutilizables.

– Protectores faciales de pl�stico (que cubran una superficie mayor que la ocular).

ex 3926 20 00

ex 3926 90 97

18Gafas.Gafas de protecci�n grandes y peque�as (googles).

ex 9004 90 10

ex 9004 90 90

19

Monos.

Batas impermeables –diversos tipos– diferentes tama�os.

Prendas de protecci�n para uso quir�rgico/m�dico de fieltro o tela sin tejer, incluso impregnadas, recubiertas, revestidas o laminadas (tejidos de las partidas 56.02 o 56.03).

Ropa (incluyendo guantes, mitones y manoplas) multiuso, de goma vulcanizada.ex 4015 90 00
Prendas de vestir.ex 3926 20 00
Ropa y accesorios.ex 4818 50 00
Prendas de vestir confeccionadas con tejido de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907.

ex 6113 00 10

ex 6113 00 90

Otras prendas con tejido de calceter�a.6114
Prendas de vestir de protecci�n para uso quir�rgico/m�dico hechas con fieltro o tela sin tejer, impregnadas o no, recubiertas, revestidas o laminadas (tejidos de las partidas 56.02 o 56.03). Incluya las prendas de materiales no tejidos (�spun-bonded�).ex 6210 10
Otras prendas de vestir de protecci�n hechas con tejidos cauchutados o impregnados, recubiertos, revestidos o laminados (tejidos de las partidas 59.03, 59.06 o 59.07)-.ex 6210 20
ex 6210 30
ex 6210 40
ex 6210 50
20Cobertores de calzado/calzas.Cobertores de calzado/calzas.ex 3926 90 97
ex 4818 90
ex 6307 90 98
21Gorros.Gorras de picos.ex 6505 00 30
Gorros y otras protecciones para la cabeza y redecillas de cualquier material.ex 6505 00 90
Los restantes gorros y protecciones para la cabeza, forrados/ajustados o no.ex 6506
22Term�metros.

Term�metros de l�quido para lectura directa.

Incluye los term�metros cl�nicos est�ndar de �mercurio en vidrio�.

ex 9025 11 20
ex 9025 11 80
Term�metros digitales, o term�metros infrarrojos para medici�n sobre la frente.ex 9025 19 00
23Jab�n para el lavado de manos.Jab�n y productos org�nicos tensioactivos y preparados para el lavado de manos (jab�n de tocador).ex 3401 11 00
ex 3401 19 00

Jab�n y productos org�nicos tensioactivos.

Jab�n en otras formas.

ex 3401 20 10
ex 3401 20 90
Agentes org�nicos tensioactivos (distintos del jab�n) – Cati�nicos.ex 3402 12
Productos y preparaciones org�nicos tensioactivos para el lavado de la piel, en forma de l�quido o crema y preparados para la venta al por menor, que contengan jab�n o no.ex 3401 30 00
24Dispensadores de desinfectante para manos instalables en pared.Dispensadores de desinfectante para manos instalables en pared.ex 8479 89 97
25Soluci�n hidroalcoh�lica en litros.2207 10: sin desnaturalizar, con Vol. alcohol et�lico del 80% o m�s.ex 2207 10 00
2207 20: desnaturalizado, de cualquier concentraci�n.ex 2207 20 00
2208 90: sin desnaturalizar, con Vol. Inferior al 80% de alcohol et�lico.ex 2208 90 91
ex 2208 90 99
26

Per�xido de hidr�geno al 3% en litros.

Per�xido de hidr�geno incorporado a preparados desinfectantes para la limpieza de superficies.

Per�xido de hidr�geno, solidificado o no con urea.ex 2847 00 00
Per�xido de hidr�geno a granel.
Desinfectante para manos.ex 3808 94
Otros preparados desinfectantes.
27Transportines de emergencia.Transporte para personas con discapacidad (sillas de ruedas).ex 8713
Camillas y carritos para el traslado de pacientes dentro de los hospitales o cl�nicas.ex 9402 90 00
28Extractores ARN.Extractores ARN.9027 80
29Kits de pruebas para el COVID-19 / Instrumental y aparatos utilizados en las pruebas diagn�sticas.

– Kits de prueba diagn�stica del Coronavirus.

– Reactivos de diagn�stico basados en reacciones inmunol�gicas.

– Equipo de hisopos y medio de transporte viral.

ex 3002 13 00

ex 3002 14 00

ex 3002 15 00

ex 3002 90 90

ex 3821 00

Reactivos de diagn�stico basados en la reacci�n en cadena de la polimerasa (PCR) prueba del �cido nucleico.ex 3822 00 00
Instrumental utilizado en los laboratorios cl�nicos para el diagn�stico in vitro.ex 9027 80 80
Kits para muestras.

ex 9018 90

ex 9027 80

30Hisopos.Guata, gasa, vendas, bastoncillos de algod�n y art�culos similares.ex 3005 90 10
ex 3005 90 99
31Material para la instalaci�n de hospitales de campa�a.Camas hospitalarias.ex 9402 90 00
Carpas/tiendas de campa�a.

ex 6306 22 00,

ex 6306 29 00

Carpas/tiendas de campa�a de pl�stico.ex 3926 90 97
32Medicinas.

– Per�xido de hidr�geno con presentaci�n de medicamento.

Paracetamol.

– Hidroxicloroquina/cloroquina.

– Lopinavir/Ritonavir – Remdesivir.

– Tocilizumab.

– Ruxolitinib.

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 2924 29 70

ex 2933 49 90

ex 3003 60 00

ex 3004 60 00

ex 2933 59 95

ex 2934 10 00

ex 2934 99 90

ex 3002 13 00

ex 3002 14 00

ex 3002 15 00

ex 2933 59 95

33Esterilizadores m�dicos, quir�rgicos o de laboratorio.Esterilizadores m�dicos, quir�rgicos o de laboratorio.

ex 8419 20 00

ex 8419 90 15

341- propanol (alcohol prop�lico) y 2 – propanol (alcohol isoprop�lico).1- propanol (alcohol prop�lico) y 2 – propanol (alcohol isoprop�lico).ex 2905 12 00
35�teres, �teres-alcoholes, �teres fenoles, �teres-alcohol-fenoles, per�xidos de alcohol, otros per�xidos, per�xidos de cetona.�teres, �teres-alcoholes, �teres fenoles, �teres-alcohol-fenoles, per�xidos de alcohol, otros per�xidos, per�xidos de cetona.ex 2909
36�cido f�rmico.�cido f�rmico (y sales derivadas).

ex 2915 11 00

ex 2915 12 00

37�cido salic�lico.�cido salic�lico y sales derivadas.ex 2918 21 00
38Pa�os de un solo uso hechos de tejidos de la partida 5603, del tipo utilizado durante los procedimientos quir�rgicos.Pa�os de un solo uso hechos de tejidos de la partida 5603, del tipo utilizado durante los procedimientos quir�rgicos.6307 90 92
39Telas no tejidas, est�n o no impregnadas, recubiertas, revestidas o laminadas.Telas no tejidas, est�n o no impregnadas, recubiertas, revestidas o laminadas.

ex 5603 11 10

a

ex 5603 94 90
40Art�culos de uso quir�rgico, m�dico o higi�nico, no destinados a la venta al por menor.Cobertores de cama de papel.ex 4818 90
41Cristaler�a de laboratorio, higi�nica o farmac�utica.Cristaler�a de laboratorio, higi�nica o farmac�utica, tanto si est�n calibrados o graduados o no.ex 7017 10 00
ex 7017 20 00
ex 7017 90 00
42Flux�metro, fluj�metro de tubo Thorpe para suministrar ox�geno 0-15 L/min.El fluj�metro de tubo Thorpe est� compuesto de puertos de entrada y salida, un regulador, una v�lvula y un tubo de medici�n c�nico transparente. Sirve para conectarlo con varias fuentes de gases m�dicos, como un sistema centralizado, cilindros (bombonas), concentradores o compresores. Versiones de flux�metro (fluj�metro) ordinario (absoluto, no compensado) y de presi�n compensada, adecuadas para rangos de flujo espec�ficos.

ex 9026 80 20

ex 9026 80 80

ex 9026 10 21

ex 9026 10 81

43Detector de CO2 colorim�trico de espiraci�n.Tama�o compatible con el tubo endotraqueal de ni�os y adulto. De un solo uso.ex 9027 80
44Pel�cula o placas de rayos X.Plana sensibilizada y sin impresionar.ex 3701 10 00

En rollos.

Sensibilizada y sin impresionar.

ex 3702 10 00